Hoy se aprobó finalmente la ley de extranjería, pero en esta ocasión no seré yo la que opine nuevamente sobre el texto. Nos ha llegado una carta enviada a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, firmada por un gran número de ongs y que queremos compartir con vosotros.
“Señoras y señores Diputados:
Se disponen ustedes a aprobar hoy, 26 de noviembre de 2009, la cuarta reforma de la ley de extranjería en nueve años. Y una vez más, no se legisla para una gestión de la inmigración respetuosa con los derechos humanos y por una sociedad intercultural basada en la convivencia pacifica entre las personas. Una vez más, se apuesta por el control policial y por crear instrumentos legales que legitimen las políticas de restricción de derechos y libertades de las personas migrantes. Fomentando así la criminalización de este colectivo en específico.
La ley de extranjería que hoy ustedes aprueban es un reflejo claro del pacto sobre inmigración y asilo aprobado por la Unión Europea en la cumbre de París de octubre de 2008. Y, como este pacto demandaba, es una ley economicista que contempla a la población inmigrante como mano de obra y no como seres humanos, restringiendo derechos fundamentales y libertades, como el derecho a la reagrupación familiar y el endurecimiento de las medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas.
Es verdad que hay algunos avances en la regulación de los derechos, pero también es verdad que se han introducido por mandato del Tribunal Constitucional que le dio un varapalo a la primera reforma del año 2000.
¿Por qué rechazamos la ley? Entre otros puntos, porque:
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Se amplia sin ninguna justificación el periodo de internamiento en los Centros de Internamientos de extranjeros hasta 60 días. Centros que han sido denunciados reiteradamente por diferentes instituciones y organizaciones sociales debido a sus malas condiciones y los reiterados maltratos a las personas que permanecen retenidas en ellos. A pesar del argumento empleado por el gobierno de que la directiva de retorno o de la vergüenza no tendría consecuencias en España. Y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e internamiento, por un periodo de hasta 60 días y su expulsión del país.
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Recorta el derecho a la reagrupación familiar, que sólo se podrá ejercer cuando el familiar tenga más de 65 años, justifique su dependencia económica y argumente razones adicionales que la ley ni siquiera especifica.
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Cuando una mujer extranjera en situación irregular acuda a denunciar violencia contra ella, le será abierto expediente sancionador, que quedará en suspenso hasta que se resuelva el proceso por violencia de género. Esto va a disminuir mucho más la presentación de denuncias -que de por sí son menos que el número de agresiones- por el miedo de las víctimas a ser sancionadas por su situación irregular.
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A propuesta del grupo parlamentario de Convergencia i Unió se introduce el peligroso concepto indeterminado del ‘esfuerzo de integración’ que debe hacer el inmigrante, como si este fuera un proceso unilateral, en la línea de las propuestas más reaccionarias que reclaman desde hace unos años este tipo de ‘contratos’.
La ley que hoy aprueban vuelve más frágil el acceso a los derechos al sancionar la solidaridad de quienes faciliten de forma desinteresada la inscripción en el padrón municipal y otros apoyos a las persona migrantes. Esta criminalización de la solidaridad nos habían hecho creer ustedes que la habían descartado en la primera discusión pero no fue así y la incluyeron en la discusión del Senado.
En definitiva, esta es otra reforma miope, que mantiene un modelo ineficaz, como ha demostrado la proliferación de cambios en la ley y debates estériles; pero sobre todo es una reforma que legaliza la injusticia con las personas migrantes, y que nos tememos que aliente los discursos públicos agresivos, que rayan en la xenofobia y el racismo, y que siguen vinculando, aunque los datos lo desmientan una vez tras otra, inmigración y delincuencia, o inmigrantes y uso abusivo de los servicios públicos, en lugar de reconocer a las y los inmigrantes como ciudadanas y ciudadanos y apostar por la integración social y la aplicación universal de los derechos humanos, se haya nacido donde se haya nacido, se haya llegado a la escalera de vecinos cuando se haya llegado
Las organizaciones sociales y las personas que hoy suscribimos este manifiesto ya nos hemos manifestado en el pasado y lo seguiremos haciendo. Porque una sociedad que no reconoce, excluye y discrimina a una parte de sí misma, se degrada y no tiene futuro.
Acción en Red, Acción Social Protestante, Acera de Enfrente, ACIAB (Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello), ACSUR-Las Segovias (Asoc. para la Cooperación con el Sur), ADRA España, Afro Aid España, AMDH-Madrid (Asociación Marroquí de Derechos Humanos), ATTAC, ATTAC Catalunya, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHE (Asociación Pro-Derechos Humanos de España), Asoc. Amigos del Uruguay, Asoc. Alqantara para la Cooperación y el Codesarrollo, Asoc. Chispa de Madrid, As. de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, As. Puente de Esperanza (Madrid), Asoc. NEXOS, As. Nuevo Humanismo de Móstoles, Asoc. Tentempié, AA.VV. de Carabanchel Alto, AA.VV. de Quintana, Casa Argentina de Madrid, Casapueblos, CEAR-Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de Derechos Humanos), Centro Uruguayo de Madrid, CJE (Consejo de la Juventud de España), Comité Oscar Romero de Madrid, CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), Confederación Intersindical, Coordinadora de Barrios, Creamos en Acción, Cristianos de Base de Madrid, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, ENAR-España (European Network Against Racism), En Lucha, Escuela Popular de Adultos del Barrio del Pilar, FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España), FEDACHES (Federación de Asociaciones de Chilenos en España), Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos-España, FERINE (Federación de Asociaciones de Refugiados e Inmigrantes), Foro Social de Madrid, FSMM (Foro Social Mundial de las Migraciones), FRAVM (Federación Regional de AA. de Vecinos de Madrid), Fundación IEPALA, Grupo Inmigración y Sistema Penal, Intersindical Valenciana, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida-CM, Jóvenes de IU-CM, Médicos del Mundo, Movimiento contra la Intolerancia, OSPAAAL (Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina), Parroquia San Carlos Borromeo, Partido Comunista de Madrid, Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Pueblos Unidos, Campaña ¿Quién debe a quién?, Radio Vallekas, Red Acoge, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, REDI-Madrid (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Red de Jóvenes Palestinos, Servicio Jesuita a migrantes (SJM-España), SOS Racismo-Madrid, Tejedoras, UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España), Uruguayos por el Mundo (Vigo), USO (Unión Sindical Obrera), Vía Democrática-Madrid, Red Séfora, Red de Apoyo a la Población Africana (RAPA), Fundación San Juan del Castillo”.
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