El peligro de criminalizar la solidaridad con los inmigrantes
La Plataforma Salvemos la Hospitalidad, integrada por algunos de los activistas sociales que con más ahínco velan por los derechos de los inmigrantes en España, como Daniel Izuzquiza o Margarita Martínez Escamilla, por ejemplo, acaba de poner en marcha una interesante campaña para alertar de la criminalización que plantea el anteproyecto de reforma del Código Penal para aquellas personas que acojan a personas en situación irregular y está recogiendo firmas para pedir al Gobierno, y más en concreto al ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, que retire el punto más inquietante del texto.
El apartado 1 del artículo 318 bis del anteproyecto establece que “el que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en el territorio de otro Estado miembro o a transitar a través del mismo vulnerando la legislación de dicho Estado sobre entrada o tránsito de extranjeros será castigado con una pena de multa de tres a 12 meses o prisión de seis meses a dos años”. Y añade: “El Ministerio Fiscal podrá abstenerse de acusar por este delito cuando el objetivo perseguido fuere únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate”.
Tal y como está redactado, el texto resulta un tanto ambiguo, lo cual, en términos jurídicos, siempre puede generar situaciones peligrosas. Aunque la coletilla final del texto parece excluir la ayuda humanitaria, la decisión se deja en manos de la fiscalía, pero la norma debiera ser más explícita y directamente establecer que nadie que por motivos humanitarios pueda ser castigado o condenado por auxiliar a una persona en situación irregular.
Es evidente que hay que tratar de proteger a las personas de las redes de explotación ilegal y de tráfico de seres humanas, que es a quienes de forma directa se dirige la acción de este artículo, pero la tibieza con que está redactado puede terminar por generar un efecto indeseado, como es el de castigar a quien con su buena voluntad trata de ayudar a personas en riesgo social.
Los legisladores podrían ser más claros y poner en el texto del artículo el legislador “Quedarán exentos de responsabilidad penal quienes únicamente presten ayuda humanitaria”. De este modo, no habría lugar a una interpretación que pueda generar un trastorno a personas que estén auxiliando a inmigrantes en situación irregular, ya sea acogiéndolos en sus hogares o prestándoles algún servicio o facilitándoles alimentos o manutención.
Hasta el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha planteado sus dudas acerca de la redacción de ese artículo 318 bis. Según los jueces, sería más adecuado que la finalidad altruista exima de responsabilidad penal.
En los tiempos del anterior Gobierno socialista ya se había tratado de perseguir a aquellas personas que prestasen ayuda a personas en situación irregular, en esa ocasión a través de la reforma de la Ley de Extranjería trasponiendo la famosa directiva europea de la ‘vergüenza’, pero ahora es el Ejecutivo del PP el que parece dispuesto a convertir en delito lo que no es más que ayuda humanitaria.
La asistencia humanitaria y la solidaridad no pueden convertirse en delito. Hay que pedir al Gobierno que no confunda conductas ilícitas e inmorales de trata de seres humanos y abusos sobre las personas vulnerables migrantes con las prácticas humanitarias de solidaridad, hospitalidad y asistencia hacia aquellas personas que transitan sin ‘papeles’ por España, ya que no podemos dejar en la calle, sin ningún tipo de ayuda, a personas que tan sólo persiguen un futuro mejor y que no han cometido ningún delito.
La criminalización de cualquier ayuda o apoyo a una persona extranjera en situación irregular supondría que los ciudadanos, para poder respetar esa norma penal, tendrían que infringir otra. Se trata de la establecida como delito de omisión del deber de socorro en el artículo 195 del Código Penal. ¿Alguien dudaría en auxiliar en una playa a un inmigrante que llegue a España en una patera? Con el artículo 318 bis en vigor, tal vez. Y es que se podría llegar a la situación paradójica en que unos ciudadanos denunciasen a otros por atender a inmigrantes y, a su vez, éstos a los otros por no socorrer a quien se encontrase desamparado y en peligro manifiesto y grave.
Por todo ello, sería bueno que el Gobierno fuera taxativo en la redacción de ese artículo, para atajar cualquier atisbo de duda. Tu firma puede servir. No lo dudes.
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