Hablando de Inmigración

El nuevo Gobierno del PP ha ido definiendo en estos últimos días la estructura de los distintos departamentos ministeriales, marcada por la necesidad de hacer recortes por la coyuntura económica. Como muchos esperábamos, la inmigración ha sido una de las materias que, a priori, puede considerarse como perjudicada, pues ha perdido peso con respecto a los ocho años anteriores de Ejecutivos socialistas.

Si hasta ahora la inmigración estaba integrada en una Secretaría de Estado y hasta daba segundo apellido a un Ministerio, con los ‘populares’ pasa a ser responsabilidad de una Secretaría General dependiente de Empleo.

La inmigración queda, de este modo, relegada a un tercer nivel administrativo. De entrada, es un mensaje preocupante por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, pero habrá que conceder el beneficio de la duda a los responsables gubernamentales.

El resultado final dependerá mucho del talante de la persona a la que se encargue esa Secretaría General, de la que dependerá también la Dirección General de Migraciones.

Rajoy replica de alguna manera la estructura que planteó José María Aznar en su primer Gobierno. Por aquel entonces, la inmigración quedó dentro de la Secretaría General de Asuntos Sociales, de la que se hizo cargo Amalia Gómez.

Gómez hizo un trabajo serio y la gente que tuvo la oportunidad de trabajar con ella sigue alabando aún su tarea.

Al final, lo importante es que quien ostente el nuevo cargo llegue a él con la mente abierta y con voluntad de trabajar para todos. Los tiempos son complicados, pero la inmigración sigue siendo fundamental para España y, por tanto, hay que atenderla con seriedad y, sobre todo, con responsabilidad.

Como poco, habrá que pedirle al nuevo secretario general (a la hora de escribir esta entrada aún no está decidido quién será el elegido) que se convierta en un interlocutor válido para las distintas asociaciones que trabajan en el ámbito de la inmigración, cuya tarea cobra más sentido si cabe en un momento de dificultades como el actual.

Esta simplificación administrativa puede llegar a resultar incluso beneficiosa si se sabe manejar.

En cualquier caso, hay que reconocer que hubiese sido un mensaje positivo que la inmigración hubiera seguido contando con una Secretaría de Estado, aunque es cierto que la estructura que había establecido el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero llegaba a resultar poco práctica.

La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, que primero ocupó Consuelo Rumí y posteriormente una Anna Terrón que aterrizó con ganas de hacer cosas y se topó con la dura realidad burocrática, terminó convirtiéndose en un laberinto en el que había distintos interlocutores que restaban eficacia a cualquier tarea.

Esa Secretaría de Estado contaba con una Dirección General de Inmigración y con una Dirección General de Integración de los Inmigrantes, sin que quedara claro cuáles eran las misiones de cada una de ellas. La primera, en teoría, se encargaba de aspectos más prácticos y la segunda, de la parte teórica, por así decirlo, pues, como fruto visible, de ella salieron los dos planes de integración que suponían una hoja de ruta para el futuro pero que tenían escasa posibilidad de materialización ante los distintos recortes que se fueron haciendo al Fondo de Acogida e Integración.

El caso es que había dos direcciones generales para trabajar las políticas de inmigración que terminaban solapando sus funciones y que despistaban a las entidades sociales, que nunca sabían con exactitud a quién dirigirse.

Habrá que esperar, por tanto, para ir descubriendo qué actitud mantiene el nuevo Gobierno con respecto a la inmigración y desear que se siga apoyando a quienes trabajan en este ámbito.