Hablando de Inmigración

El sector social, como el resto del país, está en crisis. La mayoría de los responsables de asociaciones y fundaciones se quejan del recorte de las subvenciones públicas, que están poniendo en serio peligro la continuidad de ONG pequeñas y medianas, que no cuentan con una gran estructura detrás y que, en los últimos años, habían soportado su actividad con las ayudas estatales, regionales o locales.

Muchas de ellas basaron sus proyectos en recibir dinero público. Sus cuentas eran un verdadero clamor. Lo apostaron todo a una única vía de ingresos, sin pensar en que podía llegar un día en que ese grifo se cerrara.

Algunas, las más inteligentes, las más profesionales, se dieron cuenta de que había que buscar el sostenimiento en el tiempo por medio de la ayuda privada. Hoy, pese a las dificultades generalizadas, ven el horizonte con optimismo, porque supieron buscar otros apoyos al margen de los institucionales.

Si una lección debemos extraer de esta crisis es que hemos de ser especialmente cuidadosos con el manejo de las entidades sociales, que han de ponerse en manos de profesionales, y más si tienen que utilizar recursos públicos.

No pueden volver a repetirse casos como los de Iñaki Urdangarín y su socio con el Instituto Nóos, en los que vemos cómo se hace una utilización torticera de recursos públicos, que ensucian la reputación de un sector que trabaja mucho y duro por cubrir un vacío que deja el Estado, incapaz de prestar servicios a toda la ciudadanía y, en especial, a los más vulnerables.

Por desgracia, hemos vivido años en los que se entregaban ingentes cantidades de dinero a entidades a las que posteriormente no se les exigía ningún tipo de resultado o justificante del gasto.

Lo volvemos a ver estos días, con un informe del Tribunal de Cuentas revelado por la agencia Europa Press, en el que se reflejan numerosas irregularidades en subvenciones concedidas por la ya desaparecida Dirección General de Integración de los Inmigrantes de la última Administración socialista.

Los políticos, y hablo de los de cualquier ideología, han terminado convirtiendo la política de subvenciones en una manera de pagar favores o de atraerse a aliados, o de callar bocas para evitar críticas molestas.

Las administraciones públicas han de ser especialmente cuidadosas con los dineros que ponen a disposición de las entidades sociales. Pero si a las primeras hemos de exigirlas transparencia, a las segundas también, además de una absoluta seriedad en la gestión.

El dinero que reciben es de todos los ciudadanos y no está para gastarlo caprichosamente o para lucrarse. Al final, esas situaciones nefastas sólo contribuyen a que se genere la sensación de que las subvenciones han de ser eliminadas, y ni tanto ni tan calvo.

Seriedad y transparecia para todos.