Hablando de Inmigración

Anda el mundo de la inmigración revuelto en la Comunidad de Madrid después de que SOS Racismo haya asegurado que desde este 1 de febrero todos los inmigrantes que deseen obtener su informe de integración para solicitar los ‘papeles’ por arraigo social tengan que cursar el programa ‘Conoce tus leyes’ y, en el caso de que procedan de países no hispanohablantes, hacer un examen de nivel de castellano.

La información ofrecida por SOS Racismo, que considera que con estas medidas se debilitan los fundamentos del Estado de Derecho por ir en contra de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, no aclara de dónde sale esta exigencia, que puede no resultar tal.

Al parecer, SOS Racismo ha basado su información en una circular interna de la Consejería de Asuntos Sociales en la que, en efecto, se señalaba a los responsables de elaborar los informes de integración, que en el caso de la Comunidad de Madrid recae, entre otros, en los Centros de Participación e Integración (CEPI), dependientes del Gobierno regional pero gestionados por entidades no lucrativas, que había de exigirse a los inmigrantes cursar el ‘Conoce tus leyes’ y la prueba de nivel de castellano.

Esto hubiese ido en contra del criterio habitualmente defendido tanto por el consejero Salvador Victoria como por los responsables del área de Inmigración de la Administración regional, que siempre habían manifestado que ‘Conoce tus leyes’ era, sencillamente, un elemento más que podía contribuir a que a un extranjero se le hiciese un informe de integración positivo.

Debemos recordar que este informe de integración es uno de los requisitos que introdujo el nuevo Reglamento de Extranjería puesto en marcha por el anterior Gobierno socialista de la nación, que, ante la situación de crisis, no dudó en tratar de endurecer los requisitos para acceder a la autorización de residencia.

La denuncia de SOS Racismo desató las alarmas de los responsables de la política regional de inmigración. Y es que la circular en la que basaba la información de esta entidad existe, pero quedó superada por una posterior, en la que supuestamente se aclara que el ‘Conoce tus leyes’ no será requisito indispensable para obtener un informe de integración positivo, sino elementos que serán tenidos en cuenta de forma favorable para el interesado.

En cualquier caso, sí parece lógico que a los inmigrantes hispanohablantes se les exija el conocimiento del castellano. No hay integración o participación posible en la sociedad si no es a través del idioma y de la comunicación.

Pero el problema de fondo está más allá, en la figura del arraigo social, y es que el Partido Popular, desde que llegara al Gobierno de la nación, ya se está encargando de dejarlo reducido a la mínima expresión para evitar que más inmigrantes accedan a la autorización de residencia después de haber llegado a España de forma irregular.

Aquellos inmigrantes que están solicitando los ‘papeles’ por medio de la figura del arraigo, tal y como permite la ley, se están encontrando con un largo silencio administrativo. El Gobierno de Mariano Rajoy se está limitando a demorar hasta límites insufribles el plazo de respuesta a estas solicitudes, lo que hace que la opción del arraigo social se esté quedando en un imposible para los inmigrantes.

De poco sirve que las comunidades autónomas cumplan con el requisito de elaborar el informe de integración, que quedó en manos de éstas en lugar de en las del Gobierno a propuesta y petición de Cataluña, que vio así la opción de exigir a los inmigrantes el conocimiento del catalán, si luego quien finalmente tiene que conceder los papeles mete esos informes en un oscuro cajón hasta que se pudran.

En este caso estamos hablando de personas, con sus derechos y sus deberes, a los que se les sigue haciendo vivir en una situación de semiclandestinidad por el capricho de políticos a los que les parece que, amparándose en la excusa de la crisis económica, hay quienes no merecen ser considerados ciudadanos.

Tal vez debieran ser ellos los que cursaran el programa ‘Conoce tus leyes’, una iniciativa, por cierto, interesante y por la que han pasado numerosos inmigrantes que han salido, tras un fin de semana de clase, sabiendo un poco más del marco legal y administrativo español gracias a la formación que reciben de abogados de varios bufetes que participan ‘pro bono’.

La aportación de empresas privadas y de la Administración regional permiten que los inmigrantes se acerquen a recursos y herramientas que facilitan su integración. Si eso ayuda a alguien, bienvenido sea, por tanto.