Hablando de Inmigración

En los últimos días hemos vuelto a tener un par de ejemplos de cómo se convierte a los inmigrantes en los chivos expiatorios de la crisis económica. Por desgracia, los intentos por culpar a los últimos en llegar de la situación actual calan entre la sociedad, seguramente porque los mensajes proceden de fuentes en teoría fiables, como es el propio Gobierno de la nación. Sin embargo, no forman parte más que de una estrategia bien orquestada, en la que se manipula la realidad al antojo de los intereses políticos. Analicemos sólo un par de muestras.

Juan Rosell, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) -la patronal, vaya-, se quejaba de forma amarga la semana pasada de que haber abierto la puerta a la inmigración cuando la tasa de paro en este país estaba baja está dificultando ahora la recuperación económica. Concretamente, soltaba la siguiente perla: “Hace unos años, en España teníamos un paro del 8% y los empresarios prácticamente no teníamos oportunidades de contratar. Entonces abrimos las puertas y durante una serie de años entraban en España cada año alrededor de 500.000 o 600.000 no nativos. Eso fue un problema y hoy, visto en perspectiva, se ve claramente”. Y se quedó más ancho que largo.

En primer lugar, da la sensación de que el líder de la patronal se piensa que vive en un Estado feudal, en un castillo en el que se abren o se cierran las puertas a criterio de un señor, sin darse cuenta de que vivimos en un mundo globalizado en el que los seres humanos se desplazan en función de sus propios intereses con total libertad, en busca de nuevas oportunidades. Pero lo peor de todo es que las declaraciones de Rosell están basadas en una absoluta incoherencia.

Rosell parece no darse cuenta de que si hace unos años hubo que “abrir las puertas a la inmigración”, como él dice, fue porque el sistema productivo español necesitaba de más mano de obra, de más trabajadores que permitieran mantener el funcionamiento de la maquinaria de producción. A falta de personal nacional, había que traerlo de fuera si queríamos seguir ganando dinero.

La propia patronal de la que él forma parte fue uno de los actores, junto al Gobierno y a los sindicatos, de diseñar y promover mecanismos de llegada de inmigrantes a través de los cauces establecidos por la Ley y pactados en el marco del diálogo social. Si entonces no le parecía mal la llegada de nuevos trabajadores era porque ésta favorecía a los inmigrantes. Pero, además, habrá que recordarle al presidente de la CEOE que los inmigrantes, tal y como mostró la Oficina Económica del Presidente del Gobierno en el año 2006 y otros estudios similares, generaron el 50% del crecimiento del Producto Interior Bruto desde el año 2001.

Sin la aportación de los inmigrantes, España no habría crecido al ritmo que lo hizo los últimos años. Por tanto, decir ahora que abrir la puerta a la inmigración fue un problema esconde una actitud cobarde y mentirosa por parte de quien más se ha beneficiado de ella.

Algo parecido ocurre también con los recortes de la reciente reforma sanitaria llevada a cabo por el Gobierno del Partido Popular, que ha modificado los requisitos de acceso al sistema sanitario, privando a los inmigrantes en situación irregular de la atención primaria, y que ha provocado que incluso la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) haya llamado a la objeción de los médicos para evitar su aplicación.

El Decreto-Ley del Gobierno plantea esta medida con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, como si la atención a estas personas la pusiera en un riesgo evidente. Se deja así sin atender al colectivo que, en términos estadísticos, menor carga supone, ya que la población extranjera es la que menos va al médico y la que menos fármacos consume.

Se condena a los inmigrantes a ser atendidos en los servicios de urgencias, precisamente los más costosos, en otra absurda contradicción por parte de los gobernantes en su afán por lanzar el absurdo mensaje de ‘los españoles primero’.

Incluso la incidencia que tienen los inmigrantes sobre el gasto en los servicios sociales es ínfima en comparación con el resto de la sociedad, ya que no están afectados por las principales partidas presupuestarias de esta área, como son los dependientes y la discapacidad.

Estamos, pues, ante un clamoroso fracaso del modelo de cohesión social en España, que es lo que debiera preocupar a personajes como Juan Rosell o al Gobierno, que está abocando a un sector importante de la población a una situación de necesidad. Es evidente que la principal tarea de las autoridades en este momento es sacar a España de la crisis, pero convendría pensar también en cómo hacerlo y en qué sociedad queremos construir.