Hablando de Inmigración

El Gobierno de España, según hemos sabido estos días, ha dictado una orden a través de la Secretaría General de Inmigración que deroga la instrucción que hasta ahora recogía los criterios generales para coordinar la elaboración de los informes de integración que los inmigrantes podían aportar al proceso de renovación de sus permisos de residencia, que son elaborados por las comunidades autónomas. La pregunta ahora es qué supone realmente esta medida y cómo afecta a los que se encuentran haciendo este trámite.

Antes que nada, conviene señalar que este documento no era obligatorio, aunque en la práctica se estaba exigiendo como instrumento para reforzar la idoneidad de la renovación de la residencia. En cualquier caso, esta medida adoptada ahora por el Gobierno no implica, en ningún caso, que el informe de integración ya no deba ser presentado a las autoridades. Los inmigrantes tendrán que seguir entregando este documento, que es emitido por la comunidad autónoma en la que resida el interesado y cuyo objetivo es el de ofrecer a la Administración competente un argumento más a favor de la renovación de la residencia.

El criterio del esfuerzo de integración fue introducido en la última reforma de la Ley de Extranjería, elaborada por el anterior Gobierno socialista, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, y despertó los recelos del Partido Popular, entonces en la oposición, que lo consideraba poco preciso y demasiado vago. El Reglamento que posteriormente desarrollaría la norma debía fijar unos elementos comunes y claros para tratar de que todas las comunidades autónomas hicieran unos informes iguales, pero éste volvió a dejar demasiados aspectos ambiguos o abiertos a distintas interpretaciones.

Uno de los problemas fundamentales de este esfuerzo de integración es que consideraba que uno de los elementos primordiales para certificar la buena actitud del inmigrante, por así decirlo, era el conocimiento del idioma del país de origen, criterio éste que fue especialmente defendido y reclamado por las comunidades autónomas con lenguas cooficiales, como Cataluña o el País Vasco, que encontraron en esta medida una buena plataforma para reforzar su posición identitaria con respecto al Estado central.

Al PP tampoco le gustaba que estos informes quedaran en manos de las comunidades autónomas, por considerar que éstas no contaban con los recursos necesarios para afrontar este trámite, que podía llegar a colapsar a los servicios sociales. Eso sí, ahora, con la crisis agravada, han encontrado un buen canal de generar recursos porque, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se ha establecido que los inmigrantes tengan que pagar una tasa de 30 euros para que les hagan el informe.

Pronto se demostró que, en efecto, el Reglamento de la Ley de Extranjería había dejado demasiados aspectos en el aire, que fueron aprovechados por cada comunidad autónoma para exigir a los inmigrantes cosas diferentes, generando situaciones de desigualdad en función del ámbito de residencia de estas personas. Porque al inmigrante que residía en Cataluña se le reclamaba que certificara su adecuado conocimiento del catalán y del castellano, mientras que al que vivía en la Comunidad de Madrid se le instaba a hacer una serie de cursos desarrollados por el propio Gobierno regional, distintos de los que podían ponerse en marcha en la Comunidad Valenciana.

Un caos, por tanto, habitual en esta España de 17 comunidades autónomas que, en muchas ocasiones, han pretendido actuar como reinos independientes, remando cada cual en favor de sus intereses personales en lugar de primar los del Estado, dejando como grandes perjudicados, como siempre, a los ciudadanos de a pie y, en este caso concreto, a los inmigrantes.

Ahora, el Gobierno pretende atajar esta situación, lo cual de entrada parece inteligente. Sin embargo, en la práctica supone un cambio de las reglas de juego en mitad del partido, lo que siempre es inquietante por la inseguridad jurídica que genera. Convendría, por tanto, que estableciera nuevos criterios de inmediato, lo cual no parece sencillo, pues cualquier decisión despertara de nuevo los recelos de las comunidades autónomas.

Por tanto, lo más sencillo sería la supresión definitiva de este esfuerzo de integración basado en criterios absolutamente subjetivos, que se han demostrado como ineficientes. O se establecen unas normas claras y comunes en todos los territorios del Estado, que podrían pasar por realizar un mismo curso, o carece de todo sentido. ¿Qué es, al fin y al cabo, o cómo se mide el esfuerzo de integración? ¿Se esfuerza más quien sabe quiénes son los Reyes Católicos que quien no? ¿Y qué demostraría saber quiénes son los Reyes Católicos si luego esa persona no respeta los más básicos criterios democráticos?

Convendría, por tanto, que ese esfuerzo nos lo empezáramos a exigir todos si realmente queremos salir de la situación en la que nos encontramos.