Hablando de Inmigración

Si algo está consiguiendo este anteproyecto de la Ley de Extranjería es unir a partes casi siempre enfrentadas en una crítica común al texto. El proyecto ha sido censurado por ongs, sindicatos, la Iglesia Católica o el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes (órgano consultivo del Gobierno y que ha redactado un dictamen de más de setenta páginas contra las reformas que contempla el anteproyecto). Hasta organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica llamaba a la “rebelión” hace unos días, afirmando que ellos como entidad iban a seguir dando cobijo a inmigrantes sin papeles, a pesar de que la reforma contemple sanciones a aquellos que proporcionen este tipo de servicios a los irregulares.  El PP, no ha criticado ninguna medida concreta, por lo que parece que en este sentido socialistas y populares siguen una misma linea.

En cuanto a las criticas y medidas adoptadas por cada uno de los colectivos iremos hablando en las próximas semanas. Lo que me gustaría ahora es detallar algunas de las modificaciones que en principio están causando un mayor malestar, para en posteriores post profundizar en cada una de ellas:

1- La reagrupación familiar se endurece. Sólo se permitirá a aquellos que lleven más de cinco años en España y se limitará para ascendente. La orientación es hacer hincapié en hijos y cónyuges.

2-Se abre la posibilidad de repatriar a menores “basándose en la garantía de los servicios” de atención en los países de origen. Este tema preocupa especialmente en países como Marruecos, ya que las ong`s ven como algo “muy discutible” la garantía que las autoridades marroquíes dan en cuanto a la atención a los menores.

3-El aumento del plazo de estancia en centros de internamiento de extranjeros de 40 a 60 días a aquellos irregulares que se encuentren en territorio español.

A pesar de otras muchas modificaciones, estas tres han sido las más censuradas por diferentes actores sociales. Ante estas críticas escuchaba hace unos días a Concepción Gutierrez (diputada y portavoz de la Comisión de Trabajo e Inmigración en el Congreso) afirmar la necesidad de modificación de la Ley por las sentencias del Tribunal Constitucional contrarias a algunos artículos recogidos en la actual Ley y por la necesidad de trasposición a la Directiva de Retorno de la UE. A lo primero, es obligación del Gobierno modificar aquellos artículos declarados inconstitucionales por el Tribunal, a lo segundo decía Javier de Lucas (Presidente de CEAR) qué “hay maneras y maneras de trasponer directivas, y no parece ésta la mejor”.