Hablando de Inmigración

Acabamos de celebrar el Día Internacional del Migrante y lo hemos hecho con la misma sensación de invisibilidad que se ha adueñado de este fenómeno en el último año. Sin embargo, esta fecha ha sido una buena oportunidad para volver a analizar los retos a los que nos enfrentamos como sociedad y a los que hay que dar respuesta con urgencia, pues aquí no vale con adoptar la estrategia del avestruz, escondiendo la cabeza bajo la tierra para no ver los problemas.

Hay que recordar que en España siguen residiendo unos seis millones de inmigrantes, personas que, como todos los demás ciudadanos de este país, están sufriendo las consecuencias de la crisis económica, con el agravante de que, a diferencia de la población autóctona, no suelen contar con una red familiar que pueda acogerles o resguardarles temporalmente de las inclemencias que estamos viviendo.

Pese a que esté calando la sensación de que los inmigrantes se estén marchando de España, el porcentaje de retornos sigue siendo mínimo. Los inmigrantes se sienten partícipes de este país, son parte de él, y como tales hay que respetarles y atenderles adecuadamente.

Y son parte también de la posible solución a la crisis. De nada sirve con decir que sobran. Su callada aportación contribuyó durante la última década a conducir a este país a sus años de mayor esplendor y, ahora, han de ser incluidos en cualquier proyecto de reconstrucción nacional.

Mariano Rajoy, desde que el Partido Popular ganara las elecciones generales, ha insistido en la necesidad de que todos los ciudadanos arrimen el hombro en este proceso y que en ningún caso va a haber buenos y malos. Desde aquí, reclamamos al nuevo presidente del Gobierno que cuenten también con la aportación de la inmigración y que no la convierta en un fenómeno de usar y tirar.

Hasta ahora, poco se sabe de la política de inmigración que piensa adoptar Rajoy. Sólo ha trascendido el interés del PP de restringir al máximo la figura del arraigo social. Confiemos en que no todo se limite a eso y que, como ha dicho, cuente con todos y, sobre todo, gobierne para todos, incluidos aquéllos que un día decidieron unir su destino al de este país.

Ojalá veamos en esta nueva etapa que ahora comienza una mayor sensibilidad hacia la situación de aquellas personas que están retenidas en los Centros de Internamiento de Extranjeros y que siguen sometidos a todo tipo de arbitrariedades, al no existir un reglamento que regule estos establecimientos y que llevamos esperando ya más de dos años.

El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de “Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social”, o lo que es lo mismo “la reforma de la ley de extranjería”. Sobre esta reforma mucho se ha hablado, primero por la necesidad imperiosa de modificar el texto, ya que así lo exige el Tribunal Constitucional, al considerar que la vigente hasta el momento es inconstitucional en algunos de sus puntos (como el no derecho de asociación o sindicación de los trabajadores sin documentación en regla).

Después, aprovechando esta necesidad y gracias al momento social y económico que vivimos, se plantea una reforma muy criticada en estos últimos meses y cuyas aspectos he ido narrando a lo largo de varios post durante todo este tiempo.

En cuanto al texto aprobado el viernes, decir que los medios no hemos tenido acceso a él en su totalidad, aunque el Ministerio de Trabajo si nos han facilitado un documento con los puntos positivos de la reforma y que os resumo a continuación:

-modificaciones en el ámbito de la reagrupación familiar, lo que permite que los reagrupados en edad laboral puedan trabajar desde el primer momento; que se tenga en cuenta de manera conjunta los ingresos familiares, no sólo de quien solicita la reagrupación, sino también del cónyuge y así sea más fácil llegar hasta los mínimos económicos exigidos para este fin y que se contemple específicamente la regrupación de familiares discapacitados.

-en cuanto a la violencia de género, se regula la autorización de residencia por circunstancias excepcionales a las mujeres víctimas de violencia de género. Hasta ahora una mujer indocumentada que denunciara sufrir malos tratos padecía una sanción, lo que desincentivaba a estas mujeres a denunciar. Con esta modificación el procedimiento sancionador por estancia irregular queda suspendido mientras duren las actuaciones y en este tiempo se contempla la posibilidad de una autorización provisional de trabajo para desvincularse económicamente del agresor.

-en cuanto a la lucha contra la inmigración irregular, se impondrán plazos de prohibición de entrada a los extranjeros repatriados como mucho de cinco años (actualmente son diez) y se deja claro que las organizaciones humanitarias que ayuden a personas sin documentación no serán perseguidas.

-por último en cuanto a los CIE, se permitirá la entrada a las Ong a estos centros de internamiento (aunque queda aumentado el periodo de internamiento de 40 a 60 días y sin posibilidad de cambios)

A pesar de algunos tintes “positivos” que mencionaba anteriormente, son muchos los negativos que podemos extraer del texto como la limitación de la reagrupación familiar a ascendentes, el aumento de reclusión en los CIE de 40 a 60 días, la situación de los menores no acompañados…entre otros, que quedan como estaban en los anteriores borradores. Las asociaciones y ong que trabajan en esta materia ya se han pronunciado y yo lo seguiré haciendo en posteriores post. Por último, comentar, que este proyecto de reforma empezará a debatirse en el Congreso después del verano y que se espera que la ley esté modificada y aprobada antes de que finalice el año.

Si algo está consiguiendo este anteproyecto de la Ley de Extranjería es unir a partes casi siempre enfrentadas en una crítica común al texto. El proyecto ha sido censurado por ongs, sindicatos, la Iglesia Católica o el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes (órgano consultivo del Gobierno y que ha redactado un dictamen de más de setenta páginas contra las reformas que contempla el anteproyecto). Hasta organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica llamaba a la “rebelión” hace unos días, afirmando que ellos como entidad iban a seguir dando cobijo a inmigrantes sin papeles, a pesar de que la reforma contemple sanciones a aquellos que proporcionen este tipo de servicios a los irregulares.  El PP, no ha criticado ninguna medida concreta, por lo que parece que en este sentido socialistas y populares siguen una misma linea.

En cuanto a las criticas y medidas adoptadas por cada uno de los colectivos iremos hablando en las próximas semanas. Lo que me gustaría ahora es detallar algunas de las modificaciones que en principio están causando un mayor malestar, para en posteriores post profundizar en cada una de ellas:

1- La reagrupación familiar se endurece. Sólo se permitirá a aquellos que lleven más de cinco años en España y se limitará para ascendente. La orientación es hacer hincapié en hijos y cónyuges.

2-Se abre la posibilidad de repatriar a menores “basándose en la garantía de los servicios” de atención en los países de origen. Este tema preocupa especialmente en países como Marruecos, ya que las ong`s ven como algo “muy discutible” la garantía que las autoridades marroquíes dan en cuanto a la atención a los menores.

3-El aumento del plazo de estancia en centros de internamiento de extranjeros de 40 a 60 días a aquellos irregulares que se encuentren en territorio español.

A pesar de otras muchas modificaciones, estas tres han sido las más censuradas por diferentes actores sociales. Ante estas críticas escuchaba hace unos días a Concepción Gutierrez (diputada y portavoz de la Comisión de Trabajo e Inmigración en el Congreso) afirmar la necesidad de modificación de la Ley por las sentencias del Tribunal Constitucional contrarias a algunos artículos recogidos en la actual Ley y por la necesidad de trasposición a la Directiva de Retorno de la UE. A lo primero, es obligación del Gobierno modificar aquellos artículos declarados inconstitucionales por el Tribunal, a lo segundo decía Javier de Lucas (Presidente de CEAR) qué “hay maneras y maneras de trasponer directivas, y no parece ésta la mejor”.

Los amigos de Etnia Comunicación, me pedían esta semana una nueva columna de opinión sobre las detenciones en Madrid a inmigrantes sin papeles. Conocíamos esta noticia de manera oficial la semana pasada y  causó mucho revuelo en los Medios de Comunicación, aunque a algunos no nos sorprendió demasiado. Yo, en esta columna, intento ir un poco más allá y poner un punto de atención en la criminalización de la inmigración. Como desde todos los frentes se relaciona a “inmigrantes sin papeles” con delincuentes, sin caer en la cuenta que no tener documentación no es un delito, sino una falta administrativa del mismo nivel que no poner el ticket de la hora en el coche cuando estacionamos.

Para los que quiera leer entera la columna, ahí va el link. Espero vuestros comentarios.