Hablando de Inmigración

Definitivamente, vivimos tiempos extraños, de extremada deshumanización, que percibimos en hechos que nos terminan pasando inadvertidos pero que no por ello son menos graves. Estos días, la inmigración ha vuelto a la actualidad por dos motivos que son el más claro ejemplo de que la persona cada vez importa menos. El primero es el de los recortes sanitarios a quienes se encuentran en España en situación de irregularidad administrativa y al que ya nos referimos en un post anterior. Y el segundo ha sido la llegada y posterior expulsión de una embarcación con 83 pasajeros a la deshabitada Isla de Tierra.

El pasado lunes, una patera salida desde las costas de Marruecos desembarcaba en un pedazo de tierra perdido en mitad del Mediterráneo donde no suele haber atisbo de vida humana pero que, administrativamente, pertenece a la soberanía española. Por tanto, quien allí esté merece ser tratado con todas las garantías constitucionales recogidas en nuestra Carta Magna, haya llegado como haya llegado.

Sin embargo, estas personas recibieron un trato dudosamente constitucional, puesto que la Guardia Civil se encargó de acceder al islote para hacerse cargo de ellos para tratar de ponerlos de vuelta al punto desde el que habían llegado, sin respetar los cauces establecidos en la Ley de Extranjería.

Pronto, algunas informaciones apuntaban a que los Gobiernos de España y de Marruecos habían alcanzado un acuerdo para “repartirse” a estos inmigrantes. Unos, los menos, los más vulnerables (ocho menores de edad y dos madres) fueron trasladados a Melilla para que recibieran asistencia sanitaria y los 73 restantes, entregados a las autoridades marroquíes para que los abandone a su suerte en tierra de nadie, como, por desgracia, es habitual en el procedimiento del reino vecino.

Lo normal, lo humano, es que estas personas hubiesen sido rescatadas del islote y trasladadas a algún lugar seguro para proceder, primero, a su revisión médica y a su identificación y, segundo, estudiar si estas personas estaban en situación de riesgo y deseosas de solicitar el asilo político o incoar el correspondiente expediente de expulsión por haber entrado al país por una vía ilegal.

Sólo eso hubiese supuesto rescatar a esas personas, pero en este país empezamos a ver más normal que se rescate a los bancos y no a las personas, que son “repartidas” como si fueran objetos, como si tuviéramos la potestad de comerciar con sus vidas, de negociar y transar con sus existencias.

De nada sirve que, incluso desde el corazón de la UE, pongan colorada a España. La portavoz de la Comisión Europea, Michel Cercone, ha recordado al Gobierno que «se deben respetar los principios y obligaciones del derecho internacional, como el principio de no devolución», que impide las devoluciones masivas sin tener en cuenta las circunstancias individuales y sus opciones al asilo.

Pero el caso es que ya hay 73 personas en mitad del desierto, en medio del mismo infierno del que intentaron escapar, del que quisieron ser rescatadas y terminaron siendo repartidas, como unos naipes.

Anda el mundo de la inmigración revuelto en la Comunidad de Madrid después de que SOS Racismo haya asegurado que desde este 1 de febrero todos los inmigrantes que deseen obtener su informe de integración para solicitar los ‘papeles’ por arraigo social tengan que cursar el programa ‘Conoce tus leyes’ y, en el caso de que procedan de países no hispanohablantes, hacer un examen de nivel de castellano.

La información ofrecida por SOS Racismo, que considera que con estas medidas se debilitan los fundamentos del Estado de Derecho por ir en contra de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, no aclara de dónde sale esta exigencia, que puede no resultar tal.

Al parecer, SOS Racismo ha basado su información en una circular interna de la Consejería de Asuntos Sociales en la que, en efecto, se señalaba a los responsables de elaborar los informes de integración, que en el caso de la Comunidad de Madrid recae, entre otros, en los Centros de Participación e Integración (CEPI), dependientes del Gobierno regional pero gestionados por entidades no lucrativas, que había de exigirse a los inmigrantes cursar el ‘Conoce tus leyes’ y la prueba de nivel de castellano.

Esto hubiese ido en contra del criterio habitualmente defendido tanto por el consejero Salvador Victoria como por los responsables del área de Inmigración de la Administración regional, que siempre habían manifestado que ‘Conoce tus leyes’ era, sencillamente, un elemento más que podía contribuir a que a un extranjero se le hiciese un informe de integración positivo.

Debemos recordar que este informe de integración es uno de los requisitos que introdujo el nuevo Reglamento de Extranjería puesto en marcha por el anterior Gobierno socialista de la nación, que, ante la situación de crisis, no dudó en tratar de endurecer los requisitos para acceder a la autorización de residencia.

La denuncia de SOS Racismo desató las alarmas de los responsables de la política regional de inmigración. Y es que la circular en la que basaba la información de esta entidad existe, pero quedó superada por una posterior, en la que supuestamente se aclara que el ‘Conoce tus leyes’ no será requisito indispensable para obtener un informe de integración positivo, sino elementos que serán tenidos en cuenta de forma favorable para el interesado.

En cualquier caso, sí parece lógico que a los inmigrantes hispanohablantes se les exija el conocimiento del castellano. No hay integración o participación posible en la sociedad si no es a través del idioma y de la comunicación.

Pero el problema de fondo está más allá, en la figura del arraigo social, y es que el Partido Popular, desde que llegara al Gobierno de la nación, ya se está encargando de dejarlo reducido a la mínima expresión para evitar que más inmigrantes accedan a la autorización de residencia después de haber llegado a España de forma irregular.

Aquellos inmigrantes que están solicitando los ‘papeles’ por medio de la figura del arraigo, tal y como permite la ley, se están encontrando con un largo silencio administrativo. El Gobierno de Mariano Rajoy se está limitando a demorar hasta límites insufribles el plazo de respuesta a estas solicitudes, lo que hace que la opción del arraigo social se esté quedando en un imposible para los inmigrantes.

De poco sirve que las comunidades autónomas cumplan con el requisito de elaborar el informe de integración, que quedó en manos de éstas en lugar de en las del Gobierno a propuesta y petición de Cataluña, que vio así la opción de exigir a los inmigrantes el conocimiento del catalán, si luego quien finalmente tiene que conceder los papeles mete esos informes en un oscuro cajón hasta que se pudran.

En este caso estamos hablando de personas, con sus derechos y sus deberes, a los que se les sigue haciendo vivir en una situación de semiclandestinidad por el capricho de políticos a los que les parece que, amparándose en la excusa de la crisis económica, hay quienes no merecen ser considerados ciudadanos.

Tal vez debieran ser ellos los que cursaran el programa ‘Conoce tus leyes’, una iniciativa, por cierto, interesante y por la que han pasado numerosos inmigrantes que han salido, tras un fin de semana de clase, sabiendo un poco más del marco legal y administrativo español gracias a la formación que reciben de abogados de varios bufetes que participan ‘pro bono’.

La aportación de empresas privadas y de la Administración regional permiten que los inmigrantes se acerquen a recursos y herramientas que facilitan su integración. Si eso ayuda a alguien, bienvenido sea, por tanto.

Las elecciones generales en España han copado la agenda durante las últimas semanas y han hecho que haya pasado prácticamente inadvertida una de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que en el Consejo de Ministros previo a la jornada electoral aprobó la reforma del Real Decreto de ciudadanos de la Unión Europea, que incluye novedades interesantes para los inmigrantes.

Más concretamente, estos aspectos nuevos afectan, en especial, a aquellos familiares de ciudadanos de la UE que mantienen la nacionalidad de un país que no pertenezca al ámbito comunitario.

Con esta modificación introducida, los parientes ‘extranjeros’ de ciudadanos comunitarios tendrán su tarjeta de residencia como familiar de europeo desde el momento de su entrada a España.

Hasta ahora, la tarjeta de residencia llevaba la fecha en la que les era concedido este documento.

De este modo, la nueva legislación extiende a los familiares que no han nacido en países pertenecientes al espacio Schengen los mismos derechos de los que goza cualquier ciudadano comunitario.

Además, el texto mantiene el derecho de residencia en España de personas nacidas en terceros países en supuestos específicos, como llevar tres años casado con un ciudadano de la UE, tener la custodia de hijos comunes o haber sido víctima de un delito de violencia machista.

Los amigos de Etnia Comunicación, me pedían esta semana una nueva columna de opinión sobre las detenciones en Madrid a inmigrantes sin papeles. Conocíamos esta noticia de manera oficial la semana pasada y  causó mucho revuelo en los Medios de Comunicación, aunque a algunos no nos sorprendió demasiado. Yo, en esta columna, intento ir un poco más allá y poner un punto de atención en la criminalización de la inmigración. Como desde todos los frentes se relaciona a “inmigrantes sin papeles” con delincuentes, sin caer en la cuenta que no tener documentación no es un delito, sino una falta administrativa del mismo nivel que no poner el ticket de la hora en el coche cuando estacionamos.

Para los que quiera leer entera la columna, ahí va el link. Espero vuestros comentarios.