Hablando de Inmigración

Ecuador está inmerso en plena campaña para las elecciones de las que saldrá el nombre del nuevo presidente de la República. La primera vuelta se celebrará el próximo 17 de febrero y, en el caso de que ningún candidato obtenga más del 40% de los votos y una diferencia de al menos un 10% sobre el segundo aspirante, habrá una segunda vuelta el 7 de abril. Los ecuatorianos residentes en España también están llamados a las urnas, y ellos con un doble motivo, ya que, además de poder decidir quién quieren que sea su próximo jefe del Estado, eligen también a aquel compatriota que representará sus intereses en la Asamblea Nacional.

Los distintos aspirantes a ocupar el escaño en representación de los ecuatorianos residentes en Europa, Asia y Oceanía andan embarcados desde hace días en la carrera hacia la Asamblea en Quito, aunque seguramente habrá muchos que aún no se hayan dado ni cuenta de que su país esté en elecciones. Estos días habrán empezado a tomar conciencia, porque en algunos lugares públicos de las principales ciudades españolas, fundamentalmente Madrid y Barcelona, el Consejo Nacional Electoral ya ha colocado carteles publicitarios recordando el momento y el lugar de votación y porque los carteles con la imagen de los candidatos empiezan a adornar los barrios con mayor presencia de población ecuatoriana.

Los candidatos tienen una enorme responsabilidad sobre sus hombros. El que finalmente resulte elegido tendrá que representar los intereses de los más de 300.00 compatriotas que aún residen en España.

Los anteriores comicios se produjeron en pleno auge de la inmigración en este país, en un momento en el que los medios de comunicación especializados mantienen una enorme vitalidad, que les permitía incluso organizar debates públicos con todos los candidatos, como el que tuvo la oportunidad de moderar quien firma este post (una experiencia bien interesante y no exenta de dificultades por el carácter pasional de todos los que en él participaron). Por aquel entonces, la prensa era un canal imprescindible para hacer llegar las distintas propuestas a los votantes.

En este 2013 el panorama es radicalmente distinto y estamos viviendo una campaña diferente. Apenas existen medios especializados para inmigrantes, y los pocos que quedan apenas tienen capacidad de influencia. Por eso, estamos disfrutando de una pugna que está utilizando dos canales muy diferentes entre sí. Por un lado, a los aspirantes no les está quedando más remedio que remangarse, ponerse un calzado cómodo y recorrerse las ciudades, las calles y los lugares que frecuentan los ecuatorianos para hacerles llegar sus propuestas de su propia boca.

Torneos deportivos, fiestas populares y cualquier reunión están convirtiéndose en escenario de improvisados mítines. Incluso continuas visitas a las sedes consulares son una excelente oportunidad para entrar en contacto con los electores.

Y, por otro lado, la guerra se libra también en las redes sociales, principalmente en Facebook. Unos y otros mantienen una frenética actividad aprovechando las facilidades de las nuevas tecnologías para incluir enlaces, ideas, propuestas y generar debates.

Es, pues, una campaña donde se mezcla en un perfecto equilibrio la más arcaica manera de hacer política con la más moderna, en un interesante experimento donde se pone a prueba la capacidad de movilización de candidatos que proceden del mundo asociativo, como Dora Aguirre o Edgar Piñaloza, con aspirantes jóvenes, acostumbrados a moverse en un entorno 2.0, como Pedro Pablo Duart.

El 17 de febrero estaremos bien atentos para conocer los resultados de unas elecciones de las que saldrá el representante de los ecuatorianos en España, que en su cartera tendrá que manejar temas como los desahucios, las ayudas al retorno o a la repatriación de cadáveres, la legalización de los títulos universitarios y tantos asuntos aún por resolver y que tanto preocupan a sus compatriotas.

Acabamos de celebrar el Día Internacional del Migrante y lo hemos hecho con la misma sensación de invisibilidad que se ha adueñado de este fenómeno en el último año. Sin embargo, esta fecha ha sido una buena oportunidad para volver a analizar los retos a los que nos enfrentamos como sociedad y a los que hay que dar respuesta con urgencia, pues aquí no vale con adoptar la estrategia del avestruz, escondiendo la cabeza bajo la tierra para no ver los problemas.

Hay que recordar que en España siguen residiendo unos seis millones de inmigrantes, personas que, como todos los demás ciudadanos de este país, están sufriendo las consecuencias de la crisis económica, con el agravante de que, a diferencia de la población autóctona, no suelen contar con una red familiar que pueda acogerles o resguardarles temporalmente de las inclemencias que estamos viviendo.

Pese a que esté calando la sensación de que los inmigrantes se estén marchando de España, el porcentaje de retornos sigue siendo mínimo. Los inmigrantes se sienten partícipes de este país, son parte de él, y como tales hay que respetarles y atenderles adecuadamente.

Y son parte también de la posible solución a la crisis. De nada sirve con decir que sobran. Su callada aportación contribuyó durante la última década a conducir a este país a sus años de mayor esplendor y, ahora, han de ser incluidos en cualquier proyecto de reconstrucción nacional.

Mariano Rajoy, desde que el Partido Popular ganara las elecciones generales, ha insistido en la necesidad de que todos los ciudadanos arrimen el hombro en este proceso y que en ningún caso va a haber buenos y malos. Desde aquí, reclamamos al nuevo presidente del Gobierno que cuenten también con la aportación de la inmigración y que no la convierta en un fenómeno de usar y tirar.

Hasta ahora, poco se sabe de la política de inmigración que piensa adoptar Rajoy. Sólo ha trascendido el interés del PP de restringir al máximo la figura del arraigo social. Confiemos en que no todo se limite a eso y que, como ha dicho, cuente con todos y, sobre todo, gobierne para todos, incluidos aquéllos que un día decidieron unir su destino al de este país.

Ojalá veamos en esta nueva etapa que ahora comienza una mayor sensibilidad hacia la situación de aquellas personas que están retenidas en los Centros de Internamiento de Extranjeros y que siguen sometidos a todo tipo de arbitrariedades, al no existir un reglamento que regule estos establecimientos y que llevamos esperando ya más de dos años.

Las ONGD están con el agua al cuello y con la mosca detrás de la oreja. La mayoría de ellas aún no han recibido el dinero correspondiente a los proyectos subvencionados para este año 2011, que ya están siendo ejecutados con fondos de su propio bolsillo ante la tardanza de los recursos públicos, y el cambio político no ayuda a revertir esta situación.

Sería de agradecer que los políticos se pudieran manos a la obra con urgencia y solventaran un problema que amenaza con echar por tierra el ingente trabajo que desarrollan las ONG en materia de cooperación internacional.

Por desgracia, los recortes en la ayuda al desarrollo han sido la tónica general en estos últimos años, aun con un Gobierno supuestamente progresista en el poder, como era, y todavía sigue siendo, aunque esté de recogida, el de José Luis Rodríguez Zapatero.

Conviene que recordemos algunos sencillos datos. Por ejemplo, el Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI) para este año, aprobado el pasado mes de marzo por el Consejo de Ministros, contemplaba de más de mil millones de euros con respecto al de 2010.

Para el año que viene existía el compromiso político de situar la renta nacional bruta en el 0,7%, como se establece también en los Objetivos del Milenio. Sin embargo, esa cifra se antoja no ya más cerca que nunca, como debiera ser, sino incluso más lejos que estos últimos años. En 2010 se quedó en el 0,51%, y este año ya no habrá llegado más que al 0,4% Vamos, por tanto, hacia atrás.

Pese a la archifamosa crisis, habría que solicitar a los políticos un compromiso para recuperar con carácter de urgencia un plan de acción que permita recuperar la senda del crecimiento de la ayuda al desarrollo hasta el 0,7%, objetivo aplazado hasta el año 2015.

Y el Estado no es el único que está poniendo en riesgo el futuro de las ONGD y, por tanto, de los proyectos que éstas desarrollan a nivel internacional, porque las comunidades autónomas y los ayuntamientos también las están ahogando con sus retrasos y recortes, que rozan lo inquietante en algunos casos, como en el de la ciudad de Madrid, donde la cooperación al desarrollo ha desaparecido de los presupuestos municipales.

Ante este panorama, las ONGD se preguntan qué les puede esperar con el cambio de Gobierno. Si atendemos al programa electoral con el que el Partido Popular se presentó a las elecciones del pasado 20 de noviembre, de las que salió vencedor por abrumadora mayoría, hay evidentes motivos para que las entidades sociales se preocupen, ya que la mayor parte de las ideas contenidas en ese documento son bastante ambiguas.

Si bien es cierto que el PP dedicaba un punto completo de su programa a esta materia, bajo el epígrafe de “Una cooperación al desarrollo moderna”, sus propuestas resultan poco concluyentes, lo que hace temer que el Ejecutivo que va a presidir Mariano Rajoy preste la mínima atención a este asunto.

Según el programa, el 0,7% del PIB de contribución al desarrollo sigue siendo un objetivo propio de una sociedad avanzada como la española, pero a continuación descarga la responsabilidad en el sector privado, ante la probable poca intención de su Gobierno de destinar recursos para esta materia.

En cualquier caso, habrá que dejar un margen de confianza a Rajoy, aunque sería bueno que una de sus primeras medidas sea poner fin a la incertidumbre que padecen en este momento las ONGD, que necesitan con urgencia que se hagan efectivas las subvenciones de este año.

La falta de esos fondos ha obligado a muchas a endeudarse con entidades bancarias, para poder contar a tiempo con los recursos necesarios para poner en marcha sus proyectos, y lo que está en juego no es sólo la cooperación al desarrollo española, sino miles de puestos de trabajo de profesionales que mantienen vivo el sector social en este país.

Las elecciones generales en España han copado la agenda durante las últimas semanas y han hecho que haya pasado prácticamente inadvertida una de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que en el Consejo de Ministros previo a la jornada electoral aprobó la reforma del Real Decreto de ciudadanos de la Unión Europea, que incluye novedades interesantes para los inmigrantes.

Más concretamente, estos aspectos nuevos afectan, en especial, a aquellos familiares de ciudadanos de la UE que mantienen la nacionalidad de un país que no pertenezca al ámbito comunitario.

Con esta modificación introducida, los parientes ‘extranjeros’ de ciudadanos comunitarios tendrán su tarjeta de residencia como familiar de europeo desde el momento de su entrada a España.

Hasta ahora, la tarjeta de residencia llevaba la fecha en la que les era concedido este documento.

De este modo, la nueva legislación extiende a los familiares que no han nacido en países pertenecientes al espacio Schengen los mismos derechos de los que goza cualquier ciudadano comunitario.

Además, el texto mantiene el derecho de residencia en España de personas nacidas en terceros países en supuestos específicos, como llevar tres años casado con un ciudadano de la UE, tener la custodia de hijos comunes o haber sido víctima de un delito de violencia machista.

Acaba de arrancar la campaña electoral para los comicios generales del próximo 20 de noviembre y llega la hora de escuchar las propuestas de todas las formaciones políticas que aspiran a formar parte del Congreso de los Diputados y, por ende, del Gobierno de la nación. Es el momento de que los políticos transmitan sus proyectos, sus ideas y sus ilusiones a la ciudadanía, que tiene en sus manos decidir el futuro de este país.

Y es la hora de oír propuestas en todas las materias. Es posible que ya salten los habituales personajes partidarios de lo políticamente correcto para pedir que no se utilice la inmigración como arma electoral, si es que alguien sabe qué quiere decir eso. Porque yo sí quiero que en la campaña los políticos hablen de esta materia, que nos cuenten qué planes tienen para atender a los seis millones de personas venidas a España desde otros lugares, que nos expliquen cómo piensan hacer frente a la inmigración irregular, que nos digan qué soluciones piensan proponer para aquéllos que hayan perdido su empleo y tantas otras cosas.

Las propuestas de algunos partidos políticos podrán parecerles a algunos enloquecidas, inhumanas, absurdas o apropiadas, pero eso lo tendrá que decidir cada ciudadano individualmente, y expresarse con su voto en consecuencia.

Habrá quien piense que unas ideas son incendiarias, peligrosas o inconvenientes, pero para otra parte de la ciudadanía serán lógicas, coherentes y aplicables.

Como suele decirse, no siempre llueve a gusto de todos, pero lo importante es que todas las formaciones tengan la oportunidad de lanzar sus mensajes y ser escuchados. Incluso aquéllos que odian a los inmigrantes o que no los quieren en este país. En cualquier caso, la ciudadanía sí debe ser consciente de que las propuestas extremistas nunca nos conducirán a una sociedad más justa y más igualitaria.

Ojalá que los grandes partidos, los que más opciones tienen de estar en el Congreso de los Diputados, dediquen parte de su tiempo en los mítines y actos de campaña a explicarnos cómo piensan gestionar a partir del 21 de noviembre el fenómeno de la inmigración.

Por desgracia, los inmigrantes (salvo los nacionalizados españoles) no tienen derecho a participar en estos comicios, ni siquiera los procedentes de países miembros de la UE. Por tanto, la voz del 15% de la sociedad española no será tenida en cuenta en estas elecciones generales, pero por eso hay que pedirle a los partidos políticos que sean muy responsables con todas estas personas que forman parte de España.

De momento, algunos de los modestos, como Por Un Mundo Más Justo (PUM+J), no han dudado en abrir su campaña con un acto de protesta frente al Congreso de los Diputados con fotos de inmigrantes sin ‘papeles’.

Ojalá que Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE) y Mariano Rajoy (PP) se acuerden de los inmigrantes en el tan esperado cara a cara televisivo del próximo 7 de noviembre y nos expliquen qué quieren hacer con ellos, porque, señores políticos, todos formamos parte de este país y también tendrán que gobernar para ellos.

Llevo varios días pensando en si comentar esta noticia con vosotros, porque muchas veces “no hay mejor desprecio que no hacer aprecio”, y además “esto” es lo que quieren este tipo de personajes. Por otro lado también es importante, y más en este momento de crisis económica y social, hablar de estos lideres de pacotilla, extremistas de derecha  que utilizan la inmigración y la crisis como una manera “populista” de hacer política.

En otros países lideres de esta calaña ya salieron, el famoso caso de Le Pen en Francia, y aquí tenemos un mal imitador de este, conocido como Josep Anglada que creo un partido hace unos años y que se convirtió en la segunda fuerza política del municipio de Vic (Cataluña), lugar de gran tradición nacionalista catalana.

En estos días Vic vuelve a ser noticia, porque desde su ayuntamiento, gobernado en coalición por UDC, PSC y ERC, se ha propuesto no empadronar a los inmigrantes sin papeles si no han comenzado sus trámites para regularizar su situación. Para mi esta decisión tiene que ver con el que partido xenófobo del Señor Josep Anglada es la segunda fuerza en el municipio, y entiendo que con esta medida se pretende recuperar los votos perdidos en las próximas elecciones municipales en Cataluña del 2011.

La necesidad de que todos las personas que viven en España tengan opción a empadronarse, y por tanto a tener entre otras cosas Seguridad Social, es imprescindible no sólo porque medidas como estas fomentan la creación de guetos y de ciudadanos que no tienen las necesidades básicas cubiertas, sino porque también la falta de sanidad y del acceso a la misma por parte de los inmigrantes podría provocar que estas personas no puedan tratarse y/o vacunarse contra enfermedades. Esta situación no sólo crearía un mercado clandestino e ilegal, sino que daría lugar  a un gran problema de salud pública que afectaría a todos los que vivimos en España.

!Cuidado, que vienen elecciones!.No utilicemos a la inmigración como arma arrojadiza, porque la bomba puede estallarnos en la cara.

Iba caminando por el Metro de Madrid esta mañana y me encuentro el flamante anuncio para fomentar el voto en las próximas Elecciones Europeas. Dos imágenes, un seto y una muralla, bajo el título ¿cómo deben ser nuestras fronteras? nos dan cuenta de la falta de ética y moralidad de los que dirigen nuestros países en la UE y de las “vertientes berlusconianas” que está tomando la Unión.

Llama la atención, e indigna, que desde Europa (tanto socialistas como populares) den a elegir entre un seto fácilmente franqueable y una sólida muralla como las dos únicas puertas de entrada a Europa entre las que hay que elegir en las próximas elecciones. Indigna aún más, si el día coincide con el que conocemos el nuevo informe de CEAR en torno a las condiciones deplorables que se viven en el centro de internamiento de Nouadhibou en Mauritana, en la que, con fondos españoles, se ha habilitado un antiguo colegio como “cárcel” para aquellos inmigrantes que intenten llegar a Europa y sean interceptados en el tránsito por este país. Por tanto, quizá, en la campaña publicitaria deberíamos unir a esa muralla la imagen de esas cárceles creadas por Europa en los países de tránsito. Lugares impensables dentro de las fronteras europeas porque las condiciones en las que allí se vive las harían estar fuera de la legalidad. Cómo aquí serían ilegales, los países Europeos “proponen” fuertes murallas, financian la externalización de las fronteras y la creación de estos espacios que chocan contra los derechos humanos, pagados con nuestros impuestos, pero allí donde nadie los ve.

y en plena campaña electoral….Y es que el Código Civil español reconoce que son españoles de origen “los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad”, porque entiende que el menor se encuentra en situación de apátrida. El problema ha surgido con las últimas modificaciones legales de países como Ecuador, desde él que ahora se consideran ecuatorianos a los hijos de ciudadanos de este país independientemente del lugar de nacimiento. Esta modificación provoca que el Estado Español ya “no tenga la obligación” de proteger a estos menores como lo hacía hasta ahora y que sí sigue haciendo con otras nacionalidades.

Ha sido tal el revuelo por la noticia en el país donde más ecuatorianos en el exterior se han empadronado para votar el próximo 26 de abril, que el propio Canciller ecuatoriano vendrá la semana próxima (la misma semana de las elecciones) a conversar con el Gobierno Español e intentar cambiar esta postura.

Mientras tanto, los candidatos por Europa del Movimiento País (con Dora Aguirre a la cabeza) intentan como pueden explicar que “únicamente” se cambia el orden de la obtención de la nacionalidad, y me explico, que en vez de ser reconocido español en el Registro Civil y después hacerlo como ecuatoriano en el Consulado, ahora se hará primero como ecuatoriano en el Consulado y después de un tiempo se podrá obtener la doble nacionalidad española para estos niños. Lo que queda sin explicar realmente que este “cambio de orden” se traduce en una disminución de los derechos de estos menores, que pasarán de ser ciudadanos españoles a “nacionales de terceros países”, lo que conlleva algunas desventajas como la imposibilidad de reagrupar a ascendentes…entre otras limitaciones de derechos.

Por tanto, y aunque la señora Dora Aguirre hable de la solidaridad entre ecuatorianos para que no “existan apátridas hijos de ecuatorianos por el mundo”, en mi opinión es más que aquellos representantes elegidos por los inmigrantes en los anteriores procesos electorales “se les ha escapado” este apunte, y ahora una semana antes de las elecciones es poco popular que disminuyan los derechos en el segundo país donde más ecuatorianos van a votar después de Ecuador.

Señor Rafael Correa, de muchas cosas los gobiernos europeos y el Gobierno Español tienen la culpa. Es cierto que la política europea de los últimos tiempos no pinta bien para los inmigrantes, pero en esto quién ha modificado sin tener en cuenta este punto han sido las autoridades ecuatorianas. Aún espero el día que en su programa semanal diga en algún momento “yo me he equivocado…”.

En este miércoles, los Gobiernos de España y Ecuador firmarán el Convenio de Reciprocidad que permitirá a los ecuatorianos que residen en España votar en las elecciones municipales y viceversa. Ya  hicieron lo mismo hace unas semanas los Cancilleres de Colombia, Perú y Argentina con su homólogo español, para que sus conciudadanos puedan ejercer este derecho en España y los españoles puedan hacer los propio en estos países. En los próximos meses se espera la firma con otros países como Bolivia, Paraguay…pero ¿qué pasa con aquellos inmigrantes que residen en España, cuya Constitución no permite ejercer este derecho a los extranjeros y por tanto no pueden cumplir el principio de reciprocidad? ¿habrá inmigrantes de diferentes categorías? ¿es realmente tan difícil adecuar la Constitución para que todos los inmigrantes puedan votar?.

Esta claro que esta medida provocará “grados de ciudadanía”. Esto dependerá de si estos inmigrantes están dentro del grupo que puedan elegir y ser elegidos, sólo votar o ni siquiera eso; y por tanto las políticas públicas no irán orientadas a satisfacer las necesidades de todos los inmigrantes por igual. Es característico, por ejemplo, el caso de los marroquíes. Aún siendo el colectivo de inmigrantes mayoritario en España, su Carta Magna no permite que los españoles voten en territorio marroquí, por lo que una gran colectivo quedará sin poder participar políticamente en España, y por tanto sin poder ejercer un derecho básico para llegar a ser ciudadanos.

Ante esto, los políticos hablan de la necesidad de modificar la Constitución para permitir el voto de todos los extranjeros, pero ¿es verdad?, ¿es necesario una modificación o realmente no hay voluntad política?. En mi opinión, y a los hechos me remito, hay más de lo segundo que de lo primero. Cuando desde la Unión Europea se exigió el voto de los comunitarios en las elecciones municipales, nuestra Constitución tampoco lo permitía, y en esa ocasión si “se añadió un pequeño párrafo” que otorgó este derecho a los ciudadanos comunitarios residentes en España. Aunque en esa ocasión nadie hablo de “reforma constitucional” y sí de acuerdo y adecuación a la Normativa Europea.