Hablando de Inmigración

Ecuador está inmerso en plena campaña para las elecciones de las que saldrá el nombre del nuevo presidente de la República. La primera vuelta se celebrará el próximo 17 de febrero y, en el caso de que ningún candidato obtenga más del 40% de los votos y una diferencia de al menos un 10% sobre el segundo aspirante, habrá una segunda vuelta el 7 de abril. Los ecuatorianos residentes en España también están llamados a las urnas, y ellos con un doble motivo, ya que, además de poder decidir quién quieren que sea su próximo jefe del Estado, eligen también a aquel compatriota que representará sus intereses en la Asamblea Nacional.

Los distintos aspirantes a ocupar el escaño en representación de los ecuatorianos residentes en Europa, Asia y Oceanía andan embarcados desde hace días en la carrera hacia la Asamblea en Quito, aunque seguramente habrá muchos que aún no se hayan dado ni cuenta de que su país esté en elecciones. Estos días habrán empezado a tomar conciencia, porque en algunos lugares públicos de las principales ciudades españolas, fundamentalmente Madrid y Barcelona, el Consejo Nacional Electoral ya ha colocado carteles publicitarios recordando el momento y el lugar de votación y porque los carteles con la imagen de los candidatos empiezan a adornar los barrios con mayor presencia de población ecuatoriana.

Los candidatos tienen una enorme responsabilidad sobre sus hombros. El que finalmente resulte elegido tendrá que representar los intereses de los más de 300.00 compatriotas que aún residen en España.

Los anteriores comicios se produjeron en pleno auge de la inmigración en este país, en un momento en el que los medios de comunicación especializados mantienen una enorme vitalidad, que les permitía incluso organizar debates públicos con todos los candidatos, como el que tuvo la oportunidad de moderar quien firma este post (una experiencia bien interesante y no exenta de dificultades por el carácter pasional de todos los que en él participaron). Por aquel entonces, la prensa era un canal imprescindible para hacer llegar las distintas propuestas a los votantes.

En este 2013 el panorama es radicalmente distinto y estamos viviendo una campaña diferente. Apenas existen medios especializados para inmigrantes, y los pocos que quedan apenas tienen capacidad de influencia. Por eso, estamos disfrutando de una pugna que está utilizando dos canales muy diferentes entre sí. Por un lado, a los aspirantes no les está quedando más remedio que remangarse, ponerse un calzado cómodo y recorrerse las ciudades, las calles y los lugares que frecuentan los ecuatorianos para hacerles llegar sus propuestas de su propia boca.

Torneos deportivos, fiestas populares y cualquier reunión están convirtiéndose en escenario de improvisados mítines. Incluso continuas visitas a las sedes consulares son una excelente oportunidad para entrar en contacto con los electores.

Y, por otro lado, la guerra se libra también en las redes sociales, principalmente en Facebook. Unos y otros mantienen una frenética actividad aprovechando las facilidades de las nuevas tecnologías para incluir enlaces, ideas, propuestas y generar debates.

Es, pues, una campaña donde se mezcla en un perfecto equilibrio la más arcaica manera de hacer política con la más moderna, en un interesante experimento donde se pone a prueba la capacidad de movilización de candidatos que proceden del mundo asociativo, como Dora Aguirre o Edgar Piñaloza, con aspirantes jóvenes, acostumbrados a moverse en un entorno 2.0, como Pedro Pablo Duart.

El 17 de febrero estaremos bien atentos para conocer los resultados de unas elecciones de las que saldrá el representante de los ecuatorianos en España, que en su cartera tendrá que manejar temas como los desahucios, las ayudas al retorno o a la repatriación de cadáveres, la legalización de los títulos universitarios y tantos asuntos aún por resolver y que tanto preocupan a sus compatriotas.

La Plataforma Salvemos la Hospitalidad, integrada por algunos de los activistas sociales que con más ahínco velan por los derechos de los inmigrantes en España, como Daniel Izuzquiza o Margarita Martínez Escamilla, por ejemplo, acaba de poner en marcha una interesante campaña para alertar de la criminalización que plantea el anteproyecto de reforma del Código Penal para aquellas personas que acojan a personas en situación irregular y está recogiendo firmas para pedir al Gobierno, y más en concreto al ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, que retire el punto más inquietante del texto.

El apartado 1 del artículo 318 bis del anteproyecto establece que “el que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en el territorio de otro Estado miembro o a transitar a través del mismo vulnerando la legislación de dicho Estado sobre entrada o tránsito de extranjeros será castigado con una pena de multa de tres a 12 meses o prisión de seis meses a dos años”. Y añade: “El Ministerio Fiscal podrá abstenerse de acusar por este delito cuando el objetivo perseguido fuere únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate”.

Tal y como está redactado, el texto resulta un tanto ambiguo, lo cual, en términos jurídicos, siempre puede generar situaciones peligrosas. Aunque la coletilla final del texto parece excluir la ayuda humanitaria, la decisión se deja en manos de la fiscalía, pero la norma debiera ser más explícita y directamente establecer que nadie que por motivos humanitarios pueda ser castigado o condenado por auxiliar a una persona en situación irregular.

Es evidente que hay que tratar de proteger a las personas de las redes de explotación ilegal y de tráfico de seres humanas, que es a quienes de forma directa se dirige la acción de este artículo, pero la tibieza con que está redactado puede terminar por generar un efecto indeseado, como es el de castigar a quien con su buena voluntad trata de ayudar a personas en riesgo social.

Los legisladores podrían ser más claros y poner en el texto del artículo el legislador “Quedarán exentos de responsabilidad penal quienes únicamente presten ayuda humanitaria”. De este modo, no habría lugar a una interpretación que pueda generar un trastorno a personas que estén auxiliando a inmigrantes en situación irregular, ya sea acogiéndolos en sus hogares o prestándoles algún servicio o facilitándoles alimentos o manutención.

Hasta el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha planteado sus dudas acerca de la redacción de ese artículo 318 bis. Según los jueces, sería más adecuado que la finalidad altruista exima de responsabilidad penal.

En los tiempos del anterior Gobierno socialista ya se había tratado de perseguir a aquellas personas que prestasen ayuda a personas en situación irregular, en esa ocasión a través de la reforma de la Ley de Extranjería trasponiendo la famosa directiva europea de la ‘vergüenza’, pero ahora es el Ejecutivo del PP el que parece dispuesto a convertir en delito lo que no es más que ayuda humanitaria.

La asistencia humanitaria y la solidaridad no pueden convertirse en delito. Hay que pedir al Gobierno que no confunda conductas ilícitas e inmorales de trata de seres humanos y abusos sobre las personas vulnerables migrantes con las prácticas humanitarias de solidaridad, hospitalidad y asistencia hacia aquellas personas que transitan sin ‘papeles’ por España, ya que no podemos dejar en la calle, sin ningún tipo de ayuda, a personas que tan sólo persiguen un futuro mejor y que no han cometido ningún delito.

La criminalización de cualquier ayuda o apoyo a una persona extranjera en situación irregular supondría que los ciudadanos, para poder respetar esa norma penal, tendrían que infringir otra. Se trata de la establecida como delito de omisión del deber de socorro en el artículo 195 del Código Penal. ¿Alguien dudaría en auxiliar en una playa a un inmigrante que llegue a España en una patera? Con el artículo 318 bis en vigor, tal vez. Y es que se podría llegar a la situación paradójica en que unos ciudadanos denunciasen a otros por atender a inmigrantes y, a su vez, éstos a los otros por no socorrer a quien se encontrase desamparado y en peligro manifiesto y grave.

Por todo ello, sería bueno que el Gobierno fuera taxativo en la redacción de ese artículo, para atajar cualquier atisbo de duda. Tu firma puede servir. No lo dudes.

El anuncio lanzado ayer por el Gobierno de que estudia reformar la Ley de Extranjería para conceder el permiso de residencia a aquellos inmigrantes que compren vivienda por un valor de 160.000 euros refleja bien a las claras el concepto que sobre el fenómeno de las migraciones tiene el Ejecutivo comandado por Mariano Rajoy. Y es que el PP ha conseguido transformar a las personas en números, en billetes, en euros, que es lo único que parece importarle e interesarle, estando dispuesto para ello a pasar por encima de cualquier derecho y deber.

La propuesta de Jaime García-Legaz, el secretario de Estado de Comercio (el mero hecho de que el anuncio de una política que afecta a la inmigración la haga un miembro del Ministerio de Economía en lugar de alguien del Ministerio de Empleo ya habla bien a las claras del concepto que sobre la misma se tiene en el Gobierno), resulta un tanto inquietante, por no decir alarmante.

Ligar el permiso de residencia a la posibilidad de adquirir una vivienda de 160.000 euros supone la subasta de un derecho que está en riesgo para miles de inmigrantes cada día por el hecho de haber perdido su empleo en una España que se descompone por momentos, en buena medida gracias a un Ejecutivo que parece haber perdido los mínimos criterios humanitarios.

Desde mi punto de vista, más le valdría al PP promover una reforma de la Ley de Extranjería que vaya orientada a premiar a aquellos inmigrantes que estén dispuestos a venir a España a crear empresas, a poner en marcha negocios y, por tanto, a generar empleo y riqueza, pero riqueza para todos, no sólo  para ellos mismos. Eso supondría atraer talento, no sólo carteras repletas de billetes frescos y, seguramente, negros, como deben de estar las conciencias de gobernantes capaces de plantear propuestas como la de dar la residencia a compradores de pisos.

Parece que nada hemos aprendido de esta crisis. A España le sobran especuladores y le faltan emprendedores, y quien puede comprar a tocateja una vivienda de 160.000 euros lo más probable es que poco interés tenga de vivir en ella, más que para beneficiarse del sistema.

¿No habíamos quedado también, señores del PP, en que la residencia tiene que ir ligada al conocimientos de nuestras tradiciones y costumbres, al conocimientos de nuestro marco legal y de nuestro idioma? Ahora ya no, basta con que suelte usted el dinero, aunque no sepa ni lo que es España. Adoro su dinero, pase usted.

Luego nos quejaremos del turismo sanitario, de que haya ciudadanos que vengan a España a operarse para luego volver a sus países a seguir pasando los días, y haremos más recortes para dejar a los inmigrantes, a los de verdad, a los que se dejan la piel en el tajo, a los que dan el cayo y han venido a este país a currar, sin asistencia sanitaria gratuita porque son un “lastre” y “abusan del sistema”.

Si el modelo de inmigración que quiere este país es el de los Gao Ping de turno, el de gente sin escrúpulos dispuesta a hacer lo que quiera por amasar grandes fortunas surgidas del delito, no tiene más que seguir impulsando las ideas absurdas lanzadas por el Gobierno del PP.

Y, mientras tanto, que siga desahuciando a los inmigrantes de a pie para dejar paso a los que vienen con el maletín bien cargado de fajos de billetes. Ojalá llegue algún extranjero con mucho dinero y dispuesto a comprar el Palacio de la Moncloa. Le daremos la residencia por hacernos un favor y librarnos de gobernantes que demuestran cada día su incapacidad para sacarnos de una situación en la que, en buena medida, nos han metido ellos mismos. Al menos así sabremos que esto seguirá siendo cada día una república bananera.

Podemos ir colocando ya en cada una de las fronteras de este país un gran cartel de ‘Se vende’. Es una lástima que el Gobierno se fije más en Rusia y China y menos en los emprendedores inmigrantes como los que el próximo viernes 23 de diciembre firmarán en la Casa de América de Madrid un manifiesto reclamando a las autoridades el apoyo para los empresarios. Tal vez debiera hablar con ellos un poco más, y menos con rusos y chinos.

De vez en cuando, desde CIC analizamos el tratamiento que los medios españoles dan a la inmigración, porque nos solemos encontrar con sorpresas desagradables. Estos días nos ha llamado poderosamente la atención la cobertura que se ha dado a un estudio elaborado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería para conocer la opinión de la sociedad española acerca de las medidas adoptadas por el Gobierno, por las cuales limita la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular.

El informe, según lo titula el Departamento de Comunicación del Consejo de Colegios de Enfermería, desvela que “el 71,6% de la población cree necesario que los inmigrantes en situación irregular tengan algún tipo de limitación en el acceso a la sanidad, ya sea en las prestaciones o en el pago”.

En concreto, se trata de una encuesta de opinión titulada ‘Medidas del Gobierno en materia de atención sanitaria a inmigrantes’ que, por desgracia, no está disponible en la página web del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería para su descarga, lo cual es de lamentar. Se trata de un estudio elaborado por la empresa Estudios de Opinión Análisis e Investigación, que ha entrevistado a mil ciudadanos con un margen de error de más/menos un 3,16% para un nivel de confianza del 95,5%, según presumen ellos mismos.

Sería de agradecer que entre esas mil personas encuestadas, un 12% fueran inmigrantes, ya que ellos también forman parte de la sociedad española y tendrán su opinión al respecto, sea a favor o en contra. Sin embargo, en la muestra sólo un 5% eran ciudadanos extranjeros, lo cual ya introduce una desviación en los resultados que debiera ser tenida en cuenta.

El informe revela un amplio conocimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno y que el 63% de los ciudadanos están a favor de ellas. En concreto, la nota del Consejo señala lo siguiente: “La última de las preguntas se ha referido de forma explícita a las medidas que ha adoptado recientemente el Gobierno para limitar las prestaciones sanitarias de los inmigrantes en situación irregular, aquí cabe señalar que el 63% las considera aceptables, teniendo en cuenta la situación económica y la necesidad de reducir el déficit. Por el contrario, el 37% restante piensa que dichas medidas son inaceptables, aún teniendo en cuenta los problemas económicos que atraviesa el país”.

Veamos ahora qué han dicho algunos medios. El País titula: “El 62,6% de los españoles opina que los inmigrantes deben ser atendidos”. En su entradilla, el redactor escribe lo siguiente: “El 62,6% de los españoles está en contra de restringir la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, según una encuesta encargada por el Consejo General de Colegios de Enfermería. Solo el 36,7% está de acuerdo con esta medida, que se ha convertido en una de las más discutidas del paquete de recortes del Gobierno”. ¿Pero no nos decía el Consejo justamente lo contrario?

Otros, como el Deia, se hacen eco de una nota de agencia que también titula que “el 63% de los ciudadanos está en contra de limitar la atención sanitaria”. Sin embargo, en su segundo párrafo indica: “En este sentido, el 91 por ciento ha asegurado estar al tanto de las medidas impulsadas y a un 63 por ciento les parecían ‘aceptables’ teniendo en cuenta la situación económica y la necesidad de reducir déficit en España”.

El mismo día, el ABC titula lo siguiente: “El 71,6% de los españoles cree que debe limitarse la prestación sanitaria a los ‘sin papeles’”, lo cual parece que se ajusta más a la realidad del estudio del Consejo de los Colegios de Enfermería, pero el redactor termina haciéndose un verdadero lío con los datos al señalar lo siguiente: “Al 71,6% que dijo ‘sí’ a las limitaciones, se le preguntó si la atención debía limitarse a las urgencias y temas graves. Un 51,3% dijo estar de acuerdo y un 47,7% dijo que no. Estos números reflejan que hay una situación muy pareja en este aspecto. Además, teniendo en cuenta que se tomó como base un 71,6%, los números son más determinantes: si a los que dicen no a las limitaciones se suma los que piden sanidad gratuita y universal para los irregulares, se obtiene un 62% de la población que dice ‘no’ a la medida”. Si alguien entiende algo, que me lo diga, porque yo no.

Así, después de leer toda la prensa de un mismo día seguimos sin saber con exactitud qué piensa la gente de las medidas que han limitado la atención sanitaria a los inmigrantes. ¡Viva la desinformación!

Definitivamente, vivimos tiempos extraños, de extremada deshumanización, que percibimos en hechos que nos terminan pasando inadvertidos pero que no por ello son menos graves. Estos días, la inmigración ha vuelto a la actualidad por dos motivos que son el más claro ejemplo de que la persona cada vez importa menos. El primero es el de los recortes sanitarios a quienes se encuentran en España en situación de irregularidad administrativa y al que ya nos referimos en un post anterior. Y el segundo ha sido la llegada y posterior expulsión de una embarcación con 83 pasajeros a la deshabitada Isla de Tierra.

El pasado lunes, una patera salida desde las costas de Marruecos desembarcaba en un pedazo de tierra perdido en mitad del Mediterráneo donde no suele haber atisbo de vida humana pero que, administrativamente, pertenece a la soberanía española. Por tanto, quien allí esté merece ser tratado con todas las garantías constitucionales recogidas en nuestra Carta Magna, haya llegado como haya llegado.

Sin embargo, estas personas recibieron un trato dudosamente constitucional, puesto que la Guardia Civil se encargó de acceder al islote para hacerse cargo de ellos para tratar de ponerlos de vuelta al punto desde el que habían llegado, sin respetar los cauces establecidos en la Ley de Extranjería.

Pronto, algunas informaciones apuntaban a que los Gobiernos de España y de Marruecos habían alcanzado un acuerdo para “repartirse” a estos inmigrantes. Unos, los menos, los más vulnerables (ocho menores de edad y dos madres) fueron trasladados a Melilla para que recibieran asistencia sanitaria y los 73 restantes, entregados a las autoridades marroquíes para que los abandone a su suerte en tierra de nadie, como, por desgracia, es habitual en el procedimiento del reino vecino.

Lo normal, lo humano, es que estas personas hubiesen sido rescatadas del islote y trasladadas a algún lugar seguro para proceder, primero, a su revisión médica y a su identificación y, segundo, estudiar si estas personas estaban en situación de riesgo y deseosas de solicitar el asilo político o incoar el correspondiente expediente de expulsión por haber entrado al país por una vía ilegal.

Sólo eso hubiese supuesto rescatar a esas personas, pero en este país empezamos a ver más normal que se rescate a los bancos y no a las personas, que son “repartidas” como si fueran objetos, como si tuviéramos la potestad de comerciar con sus vidas, de negociar y transar con sus existencias.

De nada sirve que, incluso desde el corazón de la UE, pongan colorada a España. La portavoz de la Comisión Europea, Michel Cercone, ha recordado al Gobierno que «se deben respetar los principios y obligaciones del derecho internacional, como el principio de no devolución», que impide las devoluciones masivas sin tener en cuenta las circunstancias individuales y sus opciones al asilo.

Pero el caso es que ya hay 73 personas en mitad del desierto, en medio del mismo infierno del que intentaron escapar, del que quisieron ser rescatadas y terminaron siendo repartidas, como unos naipes.

Este 1 de septiembre entra en vigor el decreto ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud, que restringe la asistencia a los inmigrantes que se encuentren en España en situación irregular, salvo en casos urgentes, mujeres embarazadas y menores de edad, dejando así fuera a unas 150.000 personas, que se encontrarían con la situación de no ser atendidas en los centros de salud, pues se les va a retirar la tarjeta que actualmente les faculta para poder recibir atención en los ambulatorios.

En teoría, el documento del Gobierno contempla que estas personas tendrían que empezar a pagar, a diferencia del resto de la población, por recibir esta atención. En concreto, se trataría de firmar un convenio especial con la Administración, una especie de seguro, por valor de 710 euros anuales. Sin embargo, a menos de 24 horas de la entrada en vigor de esta medida, nada se sabe de qué han de hacer las personas que quieran acogerse a esta opción.

Una vez más, se improvisa y se convierte todo en una gran chapuza en la que los más perjudicados son los ciudadanos, personas que, ya de por sí, por su propia situación de irregularidad, sufren una especial vulnerabilidad.

Me encantaría preguntarle a las autoridades qué han de hacer estas personas a partir del 1 de septiembre, es decir, mañana mismo, si enferman. ¿Acuden al centro de salud? ¿Serán atendidas? ¿Se van directamente a urgencias? ¿Cómo se suscribe el convenio especial? ¿A dónde hay que acudir para firmarlo? ¿Quién informa de algo? Es patética la absoluta falta de información que mantiene el Ministerio de Salud. La responsable gubernamental de esta área, Ana Mato, se ha limitado a decir que “nadie se va a quedar desatendido”. Eso sí, en el caso de los inmigrantes en situación irregular, pagando, claro. Bien, pero ¿cuándo, cómo y donde? Señora ministra, ¿sería tan a amable de responder a estas sencillas preguntas en algún momento?

Como siempre, la ministra termina escurriendo el bulto y cargándole el muerto a las comunidades autónomas, que es de quienes, a la postre, depende la atención sanitaria. Por fortuna, el sentido común ha imperado en algunas regiones,como Andalucía, Canarias, Asturias y País Vasco, que han anunciado ya su intención de no aplicar del decreto gubernamental y seguir atendiendo en igualdad de condiciones a todos los ciudades que residen en este país, con independencia de su situación administrativa, mientras que otras lo aplicarán con particularidades, como Galicia o Cataluña. Se genera así otra situación absurda, pues habrá diferencias en función de dónde se resida, otro capítulo más de la descomposición del sistema en que vive España y que engulle a los ciudadanos, que ven con perplejidad todas estas situaciones.

Lo peor de la actuación cicatera del Gobierno es que no sólo puede afectar a la salud de un colectivo bastante castigado por la crisis económica, como es el de los inmigrantes, sino al conjunto de la sociedad. La medida, basada sólo en criterios mercantiles, y encima interesados (¿por qué sigue mezclando el turismo sanitario protagonizado por ciudadanos europeos con la situación de los inmigrantes? ¿Por qué no se dedica a cobrar la atención a esas personas estableciendo o haciendo efectivos los convenios bilaterales sobre salud?), raya en la inconstitucionalidad.

La propia Organización Mundial de la Salud exige atención primaria, prevención y acceso a la medicación básica para todos, pero, con su medida, el Gobierno puede hurtársela a un buen número de ciudadanos. ¿Es eso constitucional? Tal vez, pero lo que sí está claro es que no es precisamente humanitario. La enésima chapuza nacional.

Mientras el Gobierno y las comunidades autónomas siguen discutiendo sobre las restricciones a la atención sanitaria de los inmigrantes en situación irregular, y con las ONG y los doctores poniendo en marcha campañas para llamar a la objeción (la última de la que tenemos noticia es la de Médicos del Mundo), hay quienes sacan partido de esta situación. Son las compañías aseguradoras, que acaban de encontrar una oportunidad de encontrar nuevos clientes en un momento en que cada céntimo se hace imprescindible.

Algunas asociaciones de inmigrantes informan de que las aseguradoras están empezando a ponerse en contacto con ellas para hacerles llegar ofertas para sus afiliados, con precios más asequibles que los 710 euros anuales que el Real Decreto del pasado 20 de abril contempla que debieran abonar los inmigrantes en situación irregular que deseen ser atendidos en el sistema nacional de salud y coberturas más que similares.

Una vez más se ve que el Gobierno del Partido Popular manda más pensando en el bolsillo de las empresas privadas que en el de los ciudadanos, y en contra del más mínimo sentido común, pues priva de la tarjeta sanitaria a miles de inmigrantes en situación irregular que, a partir del 1 de septiembre, sólo podrán ser atendidos en los servicios de urgencias.

Si la Administración considera que alguien tiene que abonar el coste de los tratamientos de los inmigrantes en situación irregular, que se deje de demagogia  y utilice los medios que tiene a su alcance para cobrar las facturas de esa atención sanitaria, como son los convenios bilaterales con la mayoría de los países de origen.

Incluso dentro del PP ya ha habido voces que se han alzado en este sentido. Un ejemplo de ello es Antonio Basagoiti, presidente del partido en Euskadi, y hace bien en defender esta postura, pues lo contrario no hace sino penalizar a quien menos culpa tiene de esta situación, como es el inmigrante en situación irregular.

Hasta entonces, los inmigrantes tendrán que seguir viviendo como apestados sin los más básicos derechos gracias a un Gobierno que encuentra en la crisis cualquier excusa para ir en contra de quienes durante los últimos años contribuyeron activamente y con su esfuerzo al milagro económico de España.

Con frecuencia, vemos cómo desde los medios de comunicación se nos vende la idea de que los inmigrantes están regresando a sus países de origen a consecuencia de la crisis económica que vive España. Tienden a hacer someros análisis de las estadísticas que reflejan un incremento en el número de extranjeros que desaparecen del padrón o del saldo migratorio del país. Nos recuerdan que el Gobierno puso en marcha un plan de retorno voluntario y no suelen profundizar más allá en la realidad de esas personas que han vuelto a casa. Sin embargo, nada sabemos de la realidad de esa gente.

Podemos hacer un mero análisis estadístico de cuánta gente se ha acogido a ese plan de retorno voluntario. Desde que se puso en marcha en el año 2009, 9.079 inmigrantes han vuelto a sus países de origen utilizando esta fórmula, pero, antes que nada, hagamos memoria para saber cómo funcionan las distintas opciones al alcance de este colectivo para regresar a casa.

Los inmigrantes tienen a su alcance tres fórmulas distintas para retornar. En primer lugar, existe un programa de regreso llamado de atención social, que está dirigido a personas que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad. A él podrían acogerse ciudadanos que no reciban ninguna prestación asistencial, que tengan dificultades para encontrar un techo o que no tengan ninguna posibilidad e salir adelante con la más mínima dignidad. Afecta, por tanto, a situaciones un tanto límites y desesperadas.

Este programa es gestionado por entidades sociales y el pasado año se acogieron a esta vía 2.119 personas, una cifra escasa si se tiene en cuenta la dureza de la crisis. El problema es que este sistema no funciona correctamente porque carece de recursos. El Gobierno destina cada vez menos dinero y las ayudas se agotan antes de que se pueda satisfacer la demanda. De hecho, en 2012, en el primer semestre ya se han acabado.

En segundo lugar, los inmigrantes también podrían regresar acogiéndose al programa de retorno voluntario productivo, dirigido a extracomunitarios que “deseen emprender un proyecto empresarial asociado al retorno”, según explica el Ministerio de Empleo. Esta opción es tan vaga y ambigua que en 2010 y 2011 sólo 199 personas se acogieron a esta fórmula, pese al espíritu emprendedor tradicionalmente asociado al inmigrante.

Y, en tercer lugar, tenemos el famoso plan de retorno voluntario mediante la capitalización del desempleo, fórmula esta que afecta a los inmigrantes que se hubieran quedado en paro. Esta opción implica que el ciudadano tenga que firmar una declaración en la que se compromete a no retornar a España en el plazo de tres años. A cambio, percibe el 40% de su prestación antes de marcharse y el 60% restante en el plazo de 90 días naturales desde que llegue a su país de origen.

¿Se están cumpliendo los plazos?

En condiciones normales, esta posibilidad parece interesante. Sin embargo, debiéramos preguntarnos si está funcionando de forma correcta. En la anterior entrada en nuestro blog, nos escribía Néstor, un inmigrante uruguayo que decidió regresar a su país acogiéndose a esta fórmula, que nos contaba cómo ha encontrado serias dificultades para poder cobrar el 60% de su prestación. En su caso, retornó en octubre de 2011, por lo que tendría que haber recibido su dinero en enero de 2012, a más tardar. Sin embargo, tras sortear todo tipo de trabas, de que en el Consulado de España en Uruguay nadie le ofreciera ninguna solución y de numerosos avatares, consiguió cobrar en junio, con seis meses de retraso, con las consecuencias negativas que supone una situación como ésta.

Néstor, como muchos otros inmigrantes, confió en la buena voluntad de las autoridades españolas. ¿Cómo desconfiar del sistema? Él se siente ahora traicionado. Cumplió con todos los requisitos, que entrañaban incluso la renuncia a la residencia legal en España, y lo único que obtuvo fue que su sueño de poner en marcha un negocio y una nueva vida en su país de origen con el dinero ganado aquí se esfumara por culpa de la burocracia o de un silencio administrativo intolerable.

La situación de abandono vivida por Néstor genera una frustración total. Y, por desgracia, su caso personal no es el único, pero pocos o nadie se atreve a hacer una reflexión de cómo está funcionando este programa de retorno una vez que traspasas las fronteras de España. Desde CIC queremos expresar nuestra absoluta solidaridad con este inmigrante uruguayo y con todos los que hayan vivido un proceso similar. De hecho, invitamos a todas las personas que hayan regresado por esta vía a que nos cuenten su experiencia.

El Gobierno de España, según hemos sabido estos días, ha dictado una orden a través de la Secretaría General de Inmigración que deroga la instrucción que hasta ahora recogía los criterios generales para coordinar la elaboración de los informes de integración que los inmigrantes podían aportar al proceso de renovación de sus permisos de residencia, que son elaborados por las comunidades autónomas. La pregunta ahora es qué supone realmente esta medida y cómo afecta a los que se encuentran haciendo este trámite.

Antes que nada, conviene señalar que este documento no era obligatorio, aunque en la práctica se estaba exigiendo como instrumento para reforzar la idoneidad de la renovación de la residencia. En cualquier caso, esta medida adoptada ahora por el Gobierno no implica, en ningún caso, que el informe de integración ya no deba ser presentado a las autoridades. Los inmigrantes tendrán que seguir entregando este documento, que es emitido por la comunidad autónoma en la que resida el interesado y cuyo objetivo es el de ofrecer a la Administración competente un argumento más a favor de la renovación de la residencia.

El criterio del esfuerzo de integración fue introducido en la última reforma de la Ley de Extranjería, elaborada por el anterior Gobierno socialista, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, y despertó los recelos del Partido Popular, entonces en la oposición, que lo consideraba poco preciso y demasiado vago. El Reglamento que posteriormente desarrollaría la norma debía fijar unos elementos comunes y claros para tratar de que todas las comunidades autónomas hicieran unos informes iguales, pero éste volvió a dejar demasiados aspectos ambiguos o abiertos a distintas interpretaciones.

Uno de los problemas fundamentales de este esfuerzo de integración es que consideraba que uno de los elementos primordiales para certificar la buena actitud del inmigrante, por así decirlo, era el conocimiento del idioma del país de origen, criterio éste que fue especialmente defendido y reclamado por las comunidades autónomas con lenguas cooficiales, como Cataluña o el País Vasco, que encontraron en esta medida una buena plataforma para reforzar su posición identitaria con respecto al Estado central.

Al PP tampoco le gustaba que estos informes quedaran en manos de las comunidades autónomas, por considerar que éstas no contaban con los recursos necesarios para afrontar este trámite, que podía llegar a colapsar a los servicios sociales. Eso sí, ahora, con la crisis agravada, han encontrado un buen canal de generar recursos porque, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se ha establecido que los inmigrantes tengan que pagar una tasa de 30 euros para que les hagan el informe.

Pronto se demostró que, en efecto, el Reglamento de la Ley de Extranjería había dejado demasiados aspectos en el aire, que fueron aprovechados por cada comunidad autónoma para exigir a los inmigrantes cosas diferentes, generando situaciones de desigualdad en función del ámbito de residencia de estas personas. Porque al inmigrante que residía en Cataluña se le reclamaba que certificara su adecuado conocimiento del catalán y del castellano, mientras que al que vivía en la Comunidad de Madrid se le instaba a hacer una serie de cursos desarrollados por el propio Gobierno regional, distintos de los que podían ponerse en marcha en la Comunidad Valenciana.

Un caos, por tanto, habitual en esta España de 17 comunidades autónomas que, en muchas ocasiones, han pretendido actuar como reinos independientes, remando cada cual en favor de sus intereses personales en lugar de primar los del Estado, dejando como grandes perjudicados, como siempre, a los ciudadanos de a pie y, en este caso concreto, a los inmigrantes.

Ahora, el Gobierno pretende atajar esta situación, lo cual de entrada parece inteligente. Sin embargo, en la práctica supone un cambio de las reglas de juego en mitad del partido, lo que siempre es inquietante por la inseguridad jurídica que genera. Convendría, por tanto, que estableciera nuevos criterios de inmediato, lo cual no parece sencillo, pues cualquier decisión despertara de nuevo los recelos de las comunidades autónomas.

Por tanto, lo más sencillo sería la supresión definitiva de este esfuerzo de integración basado en criterios absolutamente subjetivos, que se han demostrado como ineficientes. O se establecen unas normas claras y comunes en todos los territorios del Estado, que podrían pasar por realizar un mismo curso, o carece de todo sentido. ¿Qué es, al fin y al cabo, o cómo se mide el esfuerzo de integración? ¿Se esfuerza más quien sabe quiénes son los Reyes Católicos que quien no? ¿Y qué demostraría saber quiénes son los Reyes Católicos si luego esa persona no respeta los más básicos criterios democráticos?

Convendría, por tanto, que ese esfuerzo nos lo empezáramos a exigir todos si realmente queremos salir de la situación en la que nos encontramos.

En los últimos días hemos vuelto a tener un par de ejemplos de cómo se convierte a los inmigrantes en los chivos expiatorios de la crisis económica. Por desgracia, los intentos por culpar a los últimos en llegar de la situación actual calan entre la sociedad, seguramente porque los mensajes proceden de fuentes en teoría fiables, como es el propio Gobierno de la nación. Sin embargo, no forman parte más que de una estrategia bien orquestada, en la que se manipula la realidad al antojo de los intereses políticos. Analicemos sólo un par de muestras.

Juan Rosell, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) -la patronal, vaya-, se quejaba de forma amarga la semana pasada de que haber abierto la puerta a la inmigración cuando la tasa de paro en este país estaba baja está dificultando ahora la recuperación económica. Concretamente, soltaba la siguiente perla: “Hace unos años, en España teníamos un paro del 8% y los empresarios prácticamente no teníamos oportunidades de contratar. Entonces abrimos las puertas y durante una serie de años entraban en España cada año alrededor de 500.000 o 600.000 no nativos. Eso fue un problema y hoy, visto en perspectiva, se ve claramente”. Y se quedó más ancho que largo.

En primer lugar, da la sensación de que el líder de la patronal se piensa que vive en un Estado feudal, en un castillo en el que se abren o se cierran las puertas a criterio de un señor, sin darse cuenta de que vivimos en un mundo globalizado en el que los seres humanos se desplazan en función de sus propios intereses con total libertad, en busca de nuevas oportunidades. Pero lo peor de todo es que las declaraciones de Rosell están basadas en una absoluta incoherencia.

Rosell parece no darse cuenta de que si hace unos años hubo que “abrir las puertas a la inmigración”, como él dice, fue porque el sistema productivo español necesitaba de más mano de obra, de más trabajadores que permitieran mantener el funcionamiento de la maquinaria de producción. A falta de personal nacional, había que traerlo de fuera si queríamos seguir ganando dinero.

La propia patronal de la que él forma parte fue uno de los actores, junto al Gobierno y a los sindicatos, de diseñar y promover mecanismos de llegada de inmigrantes a través de los cauces establecidos por la Ley y pactados en el marco del diálogo social. Si entonces no le parecía mal la llegada de nuevos trabajadores era porque ésta favorecía a los inmigrantes. Pero, además, habrá que recordarle al presidente de la CEOE que los inmigrantes, tal y como mostró la Oficina Económica del Presidente del Gobierno en el año 2006 y otros estudios similares, generaron el 50% del crecimiento del Producto Interior Bruto desde el año 2001.

Sin la aportación de los inmigrantes, España no habría crecido al ritmo que lo hizo los últimos años. Por tanto, decir ahora que abrir la puerta a la inmigración fue un problema esconde una actitud cobarde y mentirosa por parte de quien más se ha beneficiado de ella.

Algo parecido ocurre también con los recortes de la reciente reforma sanitaria llevada a cabo por el Gobierno del Partido Popular, que ha modificado los requisitos de acceso al sistema sanitario, privando a los inmigrantes en situación irregular de la atención primaria, y que ha provocado que incluso la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) haya llamado a la objeción de los médicos para evitar su aplicación.

El Decreto-Ley del Gobierno plantea esta medida con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, como si la atención a estas personas la pusiera en un riesgo evidente. Se deja así sin atender al colectivo que, en términos estadísticos, menor carga supone, ya que la población extranjera es la que menos va al médico y la que menos fármacos consume.

Se condena a los inmigrantes a ser atendidos en los servicios de urgencias, precisamente los más costosos, en otra absurda contradicción por parte de los gobernantes en su afán por lanzar el absurdo mensaje de ‘los españoles primero’.

Incluso la incidencia que tienen los inmigrantes sobre el gasto en los servicios sociales es ínfima en comparación con el resto de la sociedad, ya que no están afectados por las principales partidas presupuestarias de esta área, como son los dependientes y la discapacidad.

Estamos, pues, ante un clamoroso fracaso del modelo de cohesión social en España, que es lo que debiera preocupar a personajes como Juan Rosell o al Gobierno, que está abocando a un sector importante de la población a una situación de necesidad. Es evidente que la principal tarea de las autoridades en este momento es sacar a España de la crisis, pero convendría pensar también en cómo hacerlo y en qué sociedad queremos construir.