Hablando de Inmigración

La Plataforma Salvemos la Hospitalidad, integrada por algunos de los activistas sociales que con más ahínco velan por los derechos de los inmigrantes en España, como Daniel Izuzquiza o Margarita Martínez Escamilla, por ejemplo, acaba de poner en marcha una interesante campaña para alertar de la criminalización que plantea el anteproyecto de reforma del Código Penal para aquellas personas que acojan a personas en situación irregular y está recogiendo firmas para pedir al Gobierno, y más en concreto al ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, que retire el punto más inquietante del texto.

El apartado 1 del artículo 318 bis del anteproyecto establece que “el que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en el territorio de otro Estado miembro o a transitar a través del mismo vulnerando la legislación de dicho Estado sobre entrada o tránsito de extranjeros será castigado con una pena de multa de tres a 12 meses o prisión de seis meses a dos años”. Y añade: “El Ministerio Fiscal podrá abstenerse de acusar por este delito cuando el objetivo perseguido fuere únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate”.

Tal y como está redactado, el texto resulta un tanto ambiguo, lo cual, en términos jurídicos, siempre puede generar situaciones peligrosas. Aunque la coletilla final del texto parece excluir la ayuda humanitaria, la decisión se deja en manos de la fiscalía, pero la norma debiera ser más explícita y directamente establecer que nadie que por motivos humanitarios pueda ser castigado o condenado por auxiliar a una persona en situación irregular.

Es evidente que hay que tratar de proteger a las personas de las redes de explotación ilegal y de tráfico de seres humanas, que es a quienes de forma directa se dirige la acción de este artículo, pero la tibieza con que está redactado puede terminar por generar un efecto indeseado, como es el de castigar a quien con su buena voluntad trata de ayudar a personas en riesgo social.

Los legisladores podrían ser más claros y poner en el texto del artículo el legislador “Quedarán exentos de responsabilidad penal quienes únicamente presten ayuda humanitaria”. De este modo, no habría lugar a una interpretación que pueda generar un trastorno a personas que estén auxiliando a inmigrantes en situación irregular, ya sea acogiéndolos en sus hogares o prestándoles algún servicio o facilitándoles alimentos o manutención.

Hasta el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha planteado sus dudas acerca de la redacción de ese artículo 318 bis. Según los jueces, sería más adecuado que la finalidad altruista exima de responsabilidad penal.

En los tiempos del anterior Gobierno socialista ya se había tratado de perseguir a aquellas personas que prestasen ayuda a personas en situación irregular, en esa ocasión a través de la reforma de la Ley de Extranjería trasponiendo la famosa directiva europea de la ‘vergüenza’, pero ahora es el Ejecutivo del PP el que parece dispuesto a convertir en delito lo que no es más que ayuda humanitaria.

La asistencia humanitaria y la solidaridad no pueden convertirse en delito. Hay que pedir al Gobierno que no confunda conductas ilícitas e inmorales de trata de seres humanos y abusos sobre las personas vulnerables migrantes con las prácticas humanitarias de solidaridad, hospitalidad y asistencia hacia aquellas personas que transitan sin ‘papeles’ por España, ya que no podemos dejar en la calle, sin ningún tipo de ayuda, a personas que tan sólo persiguen un futuro mejor y que no han cometido ningún delito.

La criminalización de cualquier ayuda o apoyo a una persona extranjera en situación irregular supondría que los ciudadanos, para poder respetar esa norma penal, tendrían que infringir otra. Se trata de la establecida como delito de omisión del deber de socorro en el artículo 195 del Código Penal. ¿Alguien dudaría en auxiliar en una playa a un inmigrante que llegue a España en una patera? Con el artículo 318 bis en vigor, tal vez. Y es que se podría llegar a la situación paradójica en que unos ciudadanos denunciasen a otros por atender a inmigrantes y, a su vez, éstos a los otros por no socorrer a quien se encontrase desamparado y en peligro manifiesto y grave.

Por todo ello, sería bueno que el Gobierno fuera taxativo en la redacción de ese artículo, para atajar cualquier atisbo de duda. Tu firma puede servir. No lo dudes.

El anuncio lanzado ayer por el Gobierno de que estudia reformar la Ley de Extranjería para conceder el permiso de residencia a aquellos inmigrantes que compren vivienda por un valor de 160.000 euros refleja bien a las claras el concepto que sobre el fenómeno de las migraciones tiene el Ejecutivo comandado por Mariano Rajoy. Y es que el PP ha conseguido transformar a las personas en números, en billetes, en euros, que es lo único que parece importarle e interesarle, estando dispuesto para ello a pasar por encima de cualquier derecho y deber.

La propuesta de Jaime García-Legaz, el secretario de Estado de Comercio (el mero hecho de que el anuncio de una política que afecta a la inmigración la haga un miembro del Ministerio de Economía en lugar de alguien del Ministerio de Empleo ya habla bien a las claras del concepto que sobre la misma se tiene en el Gobierno), resulta un tanto inquietante, por no decir alarmante.

Ligar el permiso de residencia a la posibilidad de adquirir una vivienda de 160.000 euros supone la subasta de un derecho que está en riesgo para miles de inmigrantes cada día por el hecho de haber perdido su empleo en una España que se descompone por momentos, en buena medida gracias a un Ejecutivo que parece haber perdido los mínimos criterios humanitarios.

Desde mi punto de vista, más le valdría al PP promover una reforma de la Ley de Extranjería que vaya orientada a premiar a aquellos inmigrantes que estén dispuestos a venir a España a crear empresas, a poner en marcha negocios y, por tanto, a generar empleo y riqueza, pero riqueza para todos, no sólo  para ellos mismos. Eso supondría atraer talento, no sólo carteras repletas de billetes frescos y, seguramente, negros, como deben de estar las conciencias de gobernantes capaces de plantear propuestas como la de dar la residencia a compradores de pisos.

Parece que nada hemos aprendido de esta crisis. A España le sobran especuladores y le faltan emprendedores, y quien puede comprar a tocateja una vivienda de 160.000 euros lo más probable es que poco interés tenga de vivir en ella, más que para beneficiarse del sistema.

¿No habíamos quedado también, señores del PP, en que la residencia tiene que ir ligada al conocimientos de nuestras tradiciones y costumbres, al conocimientos de nuestro marco legal y de nuestro idioma? Ahora ya no, basta con que suelte usted el dinero, aunque no sepa ni lo que es España. Adoro su dinero, pase usted.

Luego nos quejaremos del turismo sanitario, de que haya ciudadanos que vengan a España a operarse para luego volver a sus países a seguir pasando los días, y haremos más recortes para dejar a los inmigrantes, a los de verdad, a los que se dejan la piel en el tajo, a los que dan el cayo y han venido a este país a currar, sin asistencia sanitaria gratuita porque son un “lastre” y “abusan del sistema”.

Si el modelo de inmigración que quiere este país es el de los Gao Ping de turno, el de gente sin escrúpulos dispuesta a hacer lo que quiera por amasar grandes fortunas surgidas del delito, no tiene más que seguir impulsando las ideas absurdas lanzadas por el Gobierno del PP.

Y, mientras tanto, que siga desahuciando a los inmigrantes de a pie para dejar paso a los que vienen con el maletín bien cargado de fajos de billetes. Ojalá llegue algún extranjero con mucho dinero y dispuesto a comprar el Palacio de la Moncloa. Le daremos la residencia por hacernos un favor y librarnos de gobernantes que demuestran cada día su incapacidad para sacarnos de una situación en la que, en buena medida, nos han metido ellos mismos. Al menos así sabremos que esto seguirá siendo cada día una república bananera.

Podemos ir colocando ya en cada una de las fronteras de este país un gran cartel de ‘Se vende’. Es una lástima que el Gobierno se fije más en Rusia y China y menos en los emprendedores inmigrantes como los que el próximo viernes 23 de diciembre firmarán en la Casa de América de Madrid un manifiesto reclamando a las autoridades el apoyo para los empresarios. Tal vez debiera hablar con ellos un poco más, y menos con rusos y chinos.

Anda el mundo de la inmigración revuelto en la Comunidad de Madrid después de que SOS Racismo haya asegurado que desde este 1 de febrero todos los inmigrantes que deseen obtener su informe de integración para solicitar los ‘papeles’ por arraigo social tengan que cursar el programa ‘Conoce tus leyes’ y, en el caso de que procedan de países no hispanohablantes, hacer un examen de nivel de castellano.

La información ofrecida por SOS Racismo, que considera que con estas medidas se debilitan los fundamentos del Estado de Derecho por ir en contra de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, no aclara de dónde sale esta exigencia, que puede no resultar tal.

Al parecer, SOS Racismo ha basado su información en una circular interna de la Consejería de Asuntos Sociales en la que, en efecto, se señalaba a los responsables de elaborar los informes de integración, que en el caso de la Comunidad de Madrid recae, entre otros, en los Centros de Participación e Integración (CEPI), dependientes del Gobierno regional pero gestionados por entidades no lucrativas, que había de exigirse a los inmigrantes cursar el ‘Conoce tus leyes’ y la prueba de nivel de castellano.

Esto hubiese ido en contra del criterio habitualmente defendido tanto por el consejero Salvador Victoria como por los responsables del área de Inmigración de la Administración regional, que siempre habían manifestado que ‘Conoce tus leyes’ era, sencillamente, un elemento más que podía contribuir a que a un extranjero se le hiciese un informe de integración positivo.

Debemos recordar que este informe de integración es uno de los requisitos que introdujo el nuevo Reglamento de Extranjería puesto en marcha por el anterior Gobierno socialista de la nación, que, ante la situación de crisis, no dudó en tratar de endurecer los requisitos para acceder a la autorización de residencia.

La denuncia de SOS Racismo desató las alarmas de los responsables de la política regional de inmigración. Y es que la circular en la que basaba la información de esta entidad existe, pero quedó superada por una posterior, en la que supuestamente se aclara que el ‘Conoce tus leyes’ no será requisito indispensable para obtener un informe de integración positivo, sino elementos que serán tenidos en cuenta de forma favorable para el interesado.

En cualquier caso, sí parece lógico que a los inmigrantes hispanohablantes se les exija el conocimiento del castellano. No hay integración o participación posible en la sociedad si no es a través del idioma y de la comunicación.

Pero el problema de fondo está más allá, en la figura del arraigo social, y es que el Partido Popular, desde que llegara al Gobierno de la nación, ya se está encargando de dejarlo reducido a la mínima expresión para evitar que más inmigrantes accedan a la autorización de residencia después de haber llegado a España de forma irregular.

Aquellos inmigrantes que están solicitando los ‘papeles’ por medio de la figura del arraigo, tal y como permite la ley, se están encontrando con un largo silencio administrativo. El Gobierno de Mariano Rajoy se está limitando a demorar hasta límites insufribles el plazo de respuesta a estas solicitudes, lo que hace que la opción del arraigo social se esté quedando en un imposible para los inmigrantes.

De poco sirve que las comunidades autónomas cumplan con el requisito de elaborar el informe de integración, que quedó en manos de éstas en lugar de en las del Gobierno a propuesta y petición de Cataluña, que vio así la opción de exigir a los inmigrantes el conocimiento del catalán, si luego quien finalmente tiene que conceder los papeles mete esos informes en un oscuro cajón hasta que se pudran.

En este caso estamos hablando de personas, con sus derechos y sus deberes, a los que se les sigue haciendo vivir en una situación de semiclandestinidad por el capricho de políticos a los que les parece que, amparándose en la excusa de la crisis económica, hay quienes no merecen ser considerados ciudadanos.

Tal vez debieran ser ellos los que cursaran el programa ‘Conoce tus leyes’, una iniciativa, por cierto, interesante y por la que han pasado numerosos inmigrantes que han salido, tras un fin de semana de clase, sabiendo un poco más del marco legal y administrativo español gracias a la formación que reciben de abogados de varios bufetes que participan ‘pro bono’.

La aportación de empresas privadas y de la Administración regional permiten que los inmigrantes se acerquen a recursos y herramientas que facilitan su integración. Si eso ayuda a alguien, bienvenido sea, por tanto.

Hoy se aprobó finalmente la ley de extranjería, pero en esta ocasión  no seré yo la que opine nuevamente sobre el texto. Nos ha llegado una carta enviada a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, firmada por un gran número de ongs y que queremos compartir con vosotros.

1. Se amplia sin ninguna justificación el periodo de internamiento en los Centros de Internamientos de extranjeros hasta 60 días. Centros que han sido denunciados reiteradamente por diferentes instituciones y organizaciones sociales debido a sus malas condiciones y los reiterados maltratos a las personas que permanecen retenidas en ellos. A pesar del argumento empleado por el gobierno de que la directiva de retorno o de la vergüenza no tendría consecuencias en España. Y  manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e internamiento, por un periodo de hasta 60 días y su expulsión del país.
2. Recorta el derecho a la reagrupación familiar, que sólo se podrá ejercer cuando el familiar tenga más de 65 años, justifique su dependencia económica y argumente razones adicionales que la ley ni siquiera especifica.
3. Cuando una mujer extranjera en situación irregular acuda a denunciar violencia contra ella, le será abierto expediente sancionador, que quedará en suspenso hasta que se resuelva el proceso por violencia de género. Esto va a  disminuir mucho más la presentación de denuncias -que de por sí son menos que el número de agresiones- por el miedo de las víctimas a ser sancionadas por su situación irregular.
4. A propuesta del grupo parlamentario de Convergencia i Unió se introduce el peligroso concepto indeterminado del ‘esfuerzo de integración’ que debe hacer el inmigrante, como si este fuera un proceso unilateral, en la línea de las propuestas más reaccionarias que reclaman desde hace unos años este tipo de ‘contratos’.

La ley que hoy aprueban vuelve más frágil el acceso a los derechos al sancionar la solidaridad de quienes faciliten de forma desinteresada la inscripción en el padrón municipal y otros apoyos a las persona migrantes. Esta criminalización de la solidaridad nos habían hecho creer ustedes que la habían descartado en la primera discusión pero no fue así y la incluyeron en la discusión del Senado.

En definitiva, esta es otra reforma miope, que mantiene un modelo ineficaz, como ha demostrado la proliferación de cambios en la ley y debates estériles; pero sobre todo es una reforma que legaliza la injusticia con las personas migrantes, y que nos tememos que aliente los discursos públicos agresivos, que rayan en la xenofobia y el racismo, y que siguen vinculando, aunque los datos lo desmientan una vez tras otra, inmigración y delincuencia, o inmigrantes y uso abusivo de los servicios públicos, en lugar de reconocer a las y los inmigrantes como ciudadanas y ciudadanos y apostar por la integración social y la aplicación universal de los derechos humanos, se haya nacido donde se haya nacido, se haya llegado a la escalera de vecinos cuando se haya llegado

Acción en Red, Acción Social Protestante, Acera de Enfrente, ACIAB (Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello), ACSUR-Las Segovias (Asoc. para la Cooperación con el Sur), ADRA España, Afro Aid España, AMDH-Madrid (Asociación Marroquí de Derechos Humanos), ATTAC, ATTAC Catalunya, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHE (Asociación Pro-Derechos Humanos de España), Asoc. Amigos del Uruguay, Asoc. Alqantara para la Cooperación y el Codesarrollo, Asoc. Chispa de Madrid, As. de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, As. Puente de Esperanza (Madrid), Asoc. NEXOS, As. Nuevo Humanismo de Móstoles, Asoc. Tentempié, AA.VV. de Carabanchel Alto, AA.VV. de Quintana,  Casa Argentina de Madrid, Casapueblos, CEAR-Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de Derechos Humanos), Centro Uruguayo de Madrid, CJE (Consejo de la Juventud de España), Comité Oscar Romero de Madrid, CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), Confederación Intersindical, Coordinadora de Barrios, Creamos en Acción, Cristianos de Base de Madrid, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, ENAR-España (European Network Against Racism), En Lucha, Escuela Popular de Adultos del Barrio del Pilar, FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España), FEDACHES (Federación de Asociaciones de Chilenos en España), Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos-España, FERINE (Federación de Asociaciones de Refugiados e Inmigrantes), Foro Social de Madrid, FSMM (Foro Social Mundial de las Migraciones), FRAVM (Federación Regional de AA. de Vecinos de Madrid), Fundación IEPALA, Grupo Inmigración y Sistema Penal, Intersindical Valenciana, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida-CM, Jóvenes de IU-CM, Médicos del Mundo,  Movimiento contra la Intolerancia, OSPAAAL (Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina), Parroquia San Carlos Borromeo, Partido Comunista de Madrid, Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Pueblos Unidos, Campaña ¿Quién debe a quién?, Radio Vallekas, Red Acoge, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, REDI-Madrid (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Red de Jóvenes Palestinos, Servicio Jesuita a migrantes (SJM-España), SOS Racismo-Madrid, Tejedoras, UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España), Uruguayos por el Mundo (Vigo), USO (Unión Sindical Obrera), Vía Democrática-Madrid, Red Séfora, Red de Apoyo a la Población Africana (RAPA), Fundación San Juan del Castillo”.

Algunos medios afines al Gobierno, han tenido en sus manos el nuevo borrador de la ley de extranjería, que según ellos incluye algunas de las modificaciones que las organizaciones que se dedican a este tema habían solicitado.

Realmente si lo nuevo que incluye es lo solicitado o no, no lo sabemos. Hablaba esta mañana con Andalucía Acoge, y me decían que saben del nuevo borrador por lo publicado en la prensa, como todos. Y es que no es casual, que el mismo partido que se autoproclamó defensor de los derechos de los inmigrantes y que propuso una ley de extranjería mucho más restrictiva de lo que se cabría esperar de él (borrador que se ha criticado hasta por el Foro Integración Social de los inmigrantes, siendo este un órgano consultivo que depende del Gobierno)  intente ahora maquillar con sus medios afines que el segundo borrador presentado por ellos es “progre” y recoge las demandas sociales (estando además en campaña electoral para las europeas). Para ello, llamamos a El País y le decimos a Tomás “saca lo positivo del borrador” y va Tomás y lo saca. Los demás debemos creernos lo que Tomás dice, porque nadie más que Tomás ha leído el nuevo borrador. Y mientras tengamos medios afines que cuenten la realidad orientada a lo que nuestro electorado quiere escuchar, y existan tipos  “malos malísimos” como Berlusconi a los que echarles la culpa…pues seguimos pareciendo muy “progres” aunque en realidad de “progres”…….

Siguiendo con la Reforma a la Ley de Extranjería, son ya muchas las organizaciones no gubernamentales que se están posicionando y presionan al Gobierno para que modifique algunos de los artículos más controvertidos. Hace unas semanas encontrábamos a los representantes de Amnistía Internacional realizando un acto de protesta contra esta Ley frente al Congreso de los Diputados, y ahora la plataforma “Salvemos la Hospitalidad” convoca un acto para el próximo viernes en el mismo contexto. Con miles de firmas contra la propuesta de reforma a la Ley a los que se han unido múltiples personalidades del mundo de la cultura, juristas, expertos en Extranjería y ONG, esta plataforma presenta un texto que critica el artículo 53 del borrador presentado por el Gobierno. Esta disposición considera falta grave promover la estancia irregular de un inmigrante en España y por tanto criminaliza a las organizaciones no gubernamentales que ayudan y cobijan a ciudadanos en situación irregular.

El próximo viernes 27 de marzo se entregará en el Congreso las firmas adheridas a este manifiesto. Si aún queréis añadiros a esta iniciativa podéis hacerlo a través de este enlace.

Si algo está consiguiendo este anteproyecto de la Ley de Extranjería es unir a partes casi siempre enfrentadas en una crítica común al texto. El proyecto ha sido censurado por ongs, sindicatos, la Iglesia Católica o el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes (órgano consultivo del Gobierno y que ha redactado un dictamen de más de setenta páginas contra las reformas que contempla el anteproyecto). Hasta organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica llamaba a la “rebelión” hace unos días, afirmando que ellos como entidad iban a seguir dando cobijo a inmigrantes sin papeles, a pesar de que la reforma contemple sanciones a aquellos que proporcionen este tipo de servicios a los irregulares.  El PP, no ha criticado ninguna medida concreta, por lo que parece que en este sentido socialistas y populares siguen una misma linea.

En cuanto a las criticas y medidas adoptadas por cada uno de los colectivos iremos hablando en las próximas semanas. Lo que me gustaría ahora es detallar algunas de las modificaciones que en principio están causando un mayor malestar, para en posteriores post profundizar en cada una de ellas:

1- La reagrupación familiar se endurece. Sólo se permitirá a aquellos que lleven más de cinco años en España y se limitará para ascendente. La orientación es hacer hincapié en hijos y cónyuges.

2-Se abre la posibilidad de repatriar a menores “basándose en la garantía de los servicios” de atención en los países de origen. Este tema preocupa especialmente en países como Marruecos, ya que las ong`s ven como algo “muy discutible” la garantía que las autoridades marroquíes dan en cuanto a la atención a los menores.

3-El aumento del plazo de estancia en centros de internamiento de extranjeros de 40 a 60 días a aquellos irregulares que se encuentren en territorio español.

A pesar de otras muchas modificaciones, estas tres han sido las más censuradas por diferentes actores sociales. Ante estas críticas escuchaba hace unos días a Concepción Gutierrez (diputada y portavoz de la Comisión de Trabajo e Inmigración en el Congreso) afirmar la necesidad de modificación de la Ley por las sentencias del Tribunal Constitucional contrarias a algunos artículos recogidos en la actual Ley y por la necesidad de trasposición a la Directiva de Retorno de la UE. A lo primero, es obligación del Gobierno modificar aquellos artículos declarados inconstitucionales por el Tribunal, a lo segundo decía Javier de Lucas (Presidente de CEAR) qué “hay maneras y maneras de trasponer directivas, y no parece ésta la mejor”.