Hablando de Inmigración

Espero que los lectores me disculpen, pero necesito incidir nuevamente en las malas prácticas de algunos colegas de profesión a la hora de tratar el asunto de la inmigración. Si en mi anterior post criticaba el uso de términos como “avalancha” para referirse a la llegada de un número relativamente escaso de inmigrantes en situación irregular a las costas españolas, en esta ocasión tengo que verter nuevas críticas sobre otros medios y periodistas, que no tienen más ánimo que el de que todos reflexionemos acerca de esta realidad. Por eso, espero que a mí se me dé el mismo tratamiento y que siempre haya alguien para alertarme de que lo que pueda hacer en el ejercicio de mi trabajo puede estar mal hecho.

A lo que iba. Este titular fue publicado en El Mundo el pasado 27 de octubre, en la edición impresa del diario: ‘Marroquíes simulan perder a sus hijos para que estudien en España’. Además de alarmarse y de pensar de inmediato que cómo es posible que algo así, tan grave, pueda llegar a suceder sin que nadie tome las medidas oportunas, también tiene uno la tentación de pensar que ‘vaya piezas son estos moros’, que están dispuestos a cualquier tropelía con tal de sacar partido del esfuerzo de todos los españoles, enfrascados en hacer posible el Estado del bienestar.

Con semejante titular, lo normal es que cualquier ciudadano de a pie piense que todos los marroquíes están simulando perder a sus hijos para que los eduquen en este país.

Analicemos ahora cuál es la realidad descrita por este medio de comunicación, que se hace eco de una nota publicada por una agencia de comunicación. Según la información, la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía “tiene previsto denunciar en los próximos días a seis familias marroquíes por ‘abandono’ de sus hijos menores en centros de acogida, tras constatar que se trata de niños de entornos familiares ‘absolutamente normales’ y con recursos económicos suficientes”.

La situación, evidentemente, es lamentable, ya que tiene poca justificación que unos padres, vengan de donde vengan, como si son de nacionalidad española, recurran a semejante estratagema para conseguir que sus hijos reciban una educación en teoría mejor que la que obtendrían en su lugar de origen.

Pero lo que tampoco tiene mucho sentido es que se trate de vender esta información dando lugar a equívocos o a interpretaciones erróneas o interesadas. Se trata de ¡seis casos! en toda la comunidad autónoma de Andalucía. En la actualidad, hay 911 chavales de origen marroquí en los centros de menores andaluces, mientras que en toda España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, residen casi 770.000 ciudadanos procedentes del país magrebí.

Como en todas partes, como en todo lugar y actividad, hay ovejas negras sin escrúpulos dispuestos a cualquier cosa para sacar beneficio propio. Pero, en este caso, resulta un poco doloroso que un titular pueda ensuciar la reputación de un colectivo que, pese a numerosas dificultades, se encuentra perfectamente integrado en la sociedad española, como revelan estos mismos inmigrantes en algunos informes, como el ‘Estudio sobre la comunidad inmigrante musulmana’, elaborado por los ministerios del Interior, de Justicia y de Trabajo e Inmigración.

Aunque una de las normas generales del estilo periodístico es no empezar un titular con un número, tal vez en esta ocasión hubiese ayudado al lector a entender la verdadera dimensión de esta denuncia saber que se trata de casos aislados que se deben atajar y evitar, pero que bajo ningún concepto suponen la norma general entre un colectivo como el marroquí.

Por tanto, colegas de profesión, ojo con cómo titulamos las informaciones, que en nuestras manos tenemos una responsabilidad importante.

y en plena campaña electoral….Y es que el Código Civil español reconoce que son españoles de origen “los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad”, porque entiende que el menor se encuentra en situación de apátrida. El problema ha surgido con las últimas modificaciones legales de países como Ecuador, desde él que ahora se consideran ecuatorianos a los hijos de ciudadanos de este país independientemente del lugar de nacimiento. Esta modificación provoca que el Estado Español ya “no tenga la obligación” de proteger a estos menores como lo hacía hasta ahora y que sí sigue haciendo con otras nacionalidades.

Ha sido tal el revuelo por la noticia en el país donde más ecuatorianos en el exterior se han empadronado para votar el próximo 26 de abril, que el propio Canciller ecuatoriano vendrá la semana próxima (la misma semana de las elecciones) a conversar con el Gobierno Español e intentar cambiar esta postura.

Mientras tanto, los candidatos por Europa del Movimiento País (con Dora Aguirre a la cabeza) intentan como pueden explicar que “únicamente” se cambia el orden de la obtención de la nacionalidad, y me explico, que en vez de ser reconocido español en el Registro Civil y después hacerlo como ecuatoriano en el Consulado, ahora se hará primero como ecuatoriano en el Consulado y después de un tiempo se podrá obtener la doble nacionalidad española para estos niños. Lo que queda sin explicar realmente que este “cambio de orden” se traduce en una disminución de los derechos de estos menores, que pasarán de ser ciudadanos españoles a “nacionales de terceros países”, lo que conlleva algunas desventajas como la imposibilidad de reagrupar a ascendentes…entre otras limitaciones de derechos.

Por tanto, y aunque la señora Dora Aguirre hable de la solidaridad entre ecuatorianos para que no “existan apátridas hijos de ecuatorianos por el mundo”, en mi opinión es más que aquellos representantes elegidos por los inmigrantes en los anteriores procesos electorales “se les ha escapado” este apunte, y ahora una semana antes de las elecciones es poco popular que disminuyan los derechos en el segundo país donde más ecuatorianos van a votar después de Ecuador.

Señor Rafael Correa, de muchas cosas los gobiernos europeos y el Gobierno Español tienen la culpa. Es cierto que la política europea de los últimos tiempos no pinta bien para los inmigrantes, pero en esto quién ha modificado sin tener en cuenta este punto han sido las autoridades ecuatorianas. Aún espero el día que en su programa semanal diga en algún momento “yo me he equivocado…”.

Si algo está consiguiendo este anteproyecto de la Ley de Extranjería es unir a partes casi siempre enfrentadas en una crítica común al texto. El proyecto ha sido censurado por ongs, sindicatos, la Iglesia Católica o el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes (órgano consultivo del Gobierno y que ha redactado un dictamen de más de setenta páginas contra las reformas que contempla el anteproyecto). Hasta organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica llamaba a la “rebelión” hace unos días, afirmando que ellos como entidad iban a seguir dando cobijo a inmigrantes sin papeles, a pesar de que la reforma contemple sanciones a aquellos que proporcionen este tipo de servicios a los irregulares.  El PP, no ha criticado ninguna medida concreta, por lo que parece que en este sentido socialistas y populares siguen una misma linea.

En cuanto a las criticas y medidas adoptadas por cada uno de los colectivos iremos hablando en las próximas semanas. Lo que me gustaría ahora es detallar algunas de las modificaciones que en principio están causando un mayor malestar, para en posteriores post profundizar en cada una de ellas:

1- La reagrupación familiar se endurece. Sólo se permitirá a aquellos que lleven más de cinco años en España y se limitará para ascendente. La orientación es hacer hincapié en hijos y cónyuges.

2-Se abre la posibilidad de repatriar a menores “basándose en la garantía de los servicios” de atención en los países de origen. Este tema preocupa especialmente en países como Marruecos, ya que las ong`s ven como algo “muy discutible” la garantía que las autoridades marroquíes dan en cuanto a la atención a los menores.

3-El aumento del plazo de estancia en centros de internamiento de extranjeros de 40 a 60 días a aquellos irregulares que se encuentren en territorio español.

A pesar de otras muchas modificaciones, estas tres han sido las más censuradas por diferentes actores sociales. Ante estas críticas escuchaba hace unos días a Concepción Gutierrez (diputada y portavoz de la Comisión de Trabajo e Inmigración en el Congreso) afirmar la necesidad de modificación de la Ley por las sentencias del Tribunal Constitucional contrarias a algunos artículos recogidos en la actual Ley y por la necesidad de trasposición a la Directiva de Retorno de la UE. A lo primero, es obligación del Gobierno modificar aquellos artículos declarados inconstitucionales por el Tribunal, a lo segundo decía Javier de Lucas (Presidente de CEAR) qué “hay maneras y maneras de trasponer directivas, y no parece ésta la mejor”.