Hablando de Inmigración

La Plataforma Salvemos la Hospitalidad, integrada por algunos de los activistas sociales que con más ahínco velan por los derechos de los inmigrantes en España, como Daniel Izuzquiza o Margarita Martínez Escamilla, por ejemplo, acaba de poner en marcha una interesante campaña para alertar de la criminalización que plantea el anteproyecto de reforma del Código Penal para aquellas personas que acojan a personas en situación irregular y está recogiendo firmas para pedir al Gobierno, y más en concreto al ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, que retire el punto más inquietante del texto.

El apartado 1 del artículo 318 bis del anteproyecto establece que “el que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en el territorio de otro Estado miembro o a transitar a través del mismo vulnerando la legislación de dicho Estado sobre entrada o tránsito de extranjeros será castigado con una pena de multa de tres a 12 meses o prisión de seis meses a dos años”. Y añade: “El Ministerio Fiscal podrá abstenerse de acusar por este delito cuando el objetivo perseguido fuere únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate”.

Tal y como está redactado, el texto resulta un tanto ambiguo, lo cual, en términos jurídicos, siempre puede generar situaciones peligrosas. Aunque la coletilla final del texto parece excluir la ayuda humanitaria, la decisión se deja en manos de la fiscalía, pero la norma debiera ser más explícita y directamente establecer que nadie que por motivos humanitarios pueda ser castigado o condenado por auxiliar a una persona en situación irregular.

Es evidente que hay que tratar de proteger a las personas de las redes de explotación ilegal y de tráfico de seres humanas, que es a quienes de forma directa se dirige la acción de este artículo, pero la tibieza con que está redactado puede terminar por generar un efecto indeseado, como es el de castigar a quien con su buena voluntad trata de ayudar a personas en riesgo social.

Los legisladores podrían ser más claros y poner en el texto del artículo el legislador “Quedarán exentos de responsabilidad penal quienes únicamente presten ayuda humanitaria”. De este modo, no habría lugar a una interpretación que pueda generar un trastorno a personas que estén auxiliando a inmigrantes en situación irregular, ya sea acogiéndolos en sus hogares o prestándoles algún servicio o facilitándoles alimentos o manutención.

Hasta el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha planteado sus dudas acerca de la redacción de ese artículo 318 bis. Según los jueces, sería más adecuado que la finalidad altruista exima de responsabilidad penal.

En los tiempos del anterior Gobierno socialista ya se había tratado de perseguir a aquellas personas que prestasen ayuda a personas en situación irregular, en esa ocasión a través de la reforma de la Ley de Extranjería trasponiendo la famosa directiva europea de la ‘vergüenza’, pero ahora es el Ejecutivo del PP el que parece dispuesto a convertir en delito lo que no es más que ayuda humanitaria.

La asistencia humanitaria y la solidaridad no pueden convertirse en delito. Hay que pedir al Gobierno que no confunda conductas ilícitas e inmorales de trata de seres humanos y abusos sobre las personas vulnerables migrantes con las prácticas humanitarias de solidaridad, hospitalidad y asistencia hacia aquellas personas que transitan sin ‘papeles’ por España, ya que no podemos dejar en la calle, sin ningún tipo de ayuda, a personas que tan sólo persiguen un futuro mejor y que no han cometido ningún delito.

La criminalización de cualquier ayuda o apoyo a una persona extranjera en situación irregular supondría que los ciudadanos, para poder respetar esa norma penal, tendrían que infringir otra. Se trata de la establecida como delito de omisión del deber de socorro en el artículo 195 del Código Penal. ¿Alguien dudaría en auxiliar en una playa a un inmigrante que llegue a España en una patera? Con el artículo 318 bis en vigor, tal vez. Y es que se podría llegar a la situación paradójica en que unos ciudadanos denunciasen a otros por atender a inmigrantes y, a su vez, éstos a los otros por no socorrer a quien se encontrase desamparado y en peligro manifiesto y grave.

Por todo ello, sería bueno que el Gobierno fuera taxativo en la redacción de ese artículo, para atajar cualquier atisbo de duda. Tu firma puede servir. No lo dudes.

El anuncio lanzado ayer por el Gobierno de que estudia reformar la Ley de Extranjería para conceder el permiso de residencia a aquellos inmigrantes que compren vivienda por un valor de 160.000 euros refleja bien a las claras el concepto que sobre el fenómeno de las migraciones tiene el Ejecutivo comandado por Mariano Rajoy. Y es que el PP ha conseguido transformar a las personas en números, en billetes, en euros, que es lo único que parece importarle e interesarle, estando dispuesto para ello a pasar por encima de cualquier derecho y deber.

La propuesta de Jaime García-Legaz, el secretario de Estado de Comercio (el mero hecho de que el anuncio de una política que afecta a la inmigración la haga un miembro del Ministerio de Economía en lugar de alguien del Ministerio de Empleo ya habla bien a las claras del concepto que sobre la misma se tiene en el Gobierno), resulta un tanto inquietante, por no decir alarmante.

Ligar el permiso de residencia a la posibilidad de adquirir una vivienda de 160.000 euros supone la subasta de un derecho que está en riesgo para miles de inmigrantes cada día por el hecho de haber perdido su empleo en una España que se descompone por momentos, en buena medida gracias a un Ejecutivo que parece haber perdido los mínimos criterios humanitarios.

Desde mi punto de vista, más le valdría al PP promover una reforma de la Ley de Extranjería que vaya orientada a premiar a aquellos inmigrantes que estén dispuestos a venir a España a crear empresas, a poner en marcha negocios y, por tanto, a generar empleo y riqueza, pero riqueza para todos, no sólo  para ellos mismos. Eso supondría atraer talento, no sólo carteras repletas de billetes frescos y, seguramente, negros, como deben de estar las conciencias de gobernantes capaces de plantear propuestas como la de dar la residencia a compradores de pisos.

Parece que nada hemos aprendido de esta crisis. A España le sobran especuladores y le faltan emprendedores, y quien puede comprar a tocateja una vivienda de 160.000 euros lo más probable es que poco interés tenga de vivir en ella, más que para beneficiarse del sistema.

¿No habíamos quedado también, señores del PP, en que la residencia tiene que ir ligada al conocimientos de nuestras tradiciones y costumbres, al conocimientos de nuestro marco legal y de nuestro idioma? Ahora ya no, basta con que suelte usted el dinero, aunque no sepa ni lo que es España. Adoro su dinero, pase usted.

Luego nos quejaremos del turismo sanitario, de que haya ciudadanos que vengan a España a operarse para luego volver a sus países a seguir pasando los días, y haremos más recortes para dejar a los inmigrantes, a los de verdad, a los que se dejan la piel en el tajo, a los que dan el cayo y han venido a este país a currar, sin asistencia sanitaria gratuita porque son un “lastre” y “abusan del sistema”.

Si el modelo de inmigración que quiere este país es el de los Gao Ping de turno, el de gente sin escrúpulos dispuesta a hacer lo que quiera por amasar grandes fortunas surgidas del delito, no tiene más que seguir impulsando las ideas absurdas lanzadas por el Gobierno del PP.

Y, mientras tanto, que siga desahuciando a los inmigrantes de a pie para dejar paso a los que vienen con el maletín bien cargado de fajos de billetes. Ojalá llegue algún extranjero con mucho dinero y dispuesto a comprar el Palacio de la Moncloa. Le daremos la residencia por hacernos un favor y librarnos de gobernantes que demuestran cada día su incapacidad para sacarnos de una situación en la que, en buena medida, nos han metido ellos mismos. Al menos así sabremos que esto seguirá siendo cada día una república bananera.

Podemos ir colocando ya en cada una de las fronteras de este país un gran cartel de ‘Se vende’. Es una lástima que el Gobierno se fije más en Rusia y China y menos en los emprendedores inmigrantes como los que el próximo viernes 23 de diciembre firmarán en la Casa de América de Madrid un manifiesto reclamando a las autoridades el apoyo para los empresarios. Tal vez debiera hablar con ellos un poco más, y menos con rusos y chinos.

Anda el mundo de la inmigración revuelto en la Comunidad de Madrid después de que SOS Racismo haya asegurado que desde este 1 de febrero todos los inmigrantes que deseen obtener su informe de integración para solicitar los ‘papeles’ por arraigo social tengan que cursar el programa ‘Conoce tus leyes’ y, en el caso de que procedan de países no hispanohablantes, hacer un examen de nivel de castellano.

La información ofrecida por SOS Racismo, que considera que con estas medidas se debilitan los fundamentos del Estado de Derecho por ir en contra de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, no aclara de dónde sale esta exigencia, que puede no resultar tal.

Al parecer, SOS Racismo ha basado su información en una circular interna de la Consejería de Asuntos Sociales en la que, en efecto, se señalaba a los responsables de elaborar los informes de integración, que en el caso de la Comunidad de Madrid recae, entre otros, en los Centros de Participación e Integración (CEPI), dependientes del Gobierno regional pero gestionados por entidades no lucrativas, que había de exigirse a los inmigrantes cursar el ‘Conoce tus leyes’ y la prueba de nivel de castellano.

Esto hubiese ido en contra del criterio habitualmente defendido tanto por el consejero Salvador Victoria como por los responsables del área de Inmigración de la Administración regional, que siempre habían manifestado que ‘Conoce tus leyes’ era, sencillamente, un elemento más que podía contribuir a que a un extranjero se le hiciese un informe de integración positivo.

Debemos recordar que este informe de integración es uno de los requisitos que introdujo el nuevo Reglamento de Extranjería puesto en marcha por el anterior Gobierno socialista de la nación, que, ante la situación de crisis, no dudó en tratar de endurecer los requisitos para acceder a la autorización de residencia.

La denuncia de SOS Racismo desató las alarmas de los responsables de la política regional de inmigración. Y es que la circular en la que basaba la información de esta entidad existe, pero quedó superada por una posterior, en la que supuestamente se aclara que el ‘Conoce tus leyes’ no será requisito indispensable para obtener un informe de integración positivo, sino elementos que serán tenidos en cuenta de forma favorable para el interesado.

En cualquier caso, sí parece lógico que a los inmigrantes hispanohablantes se les exija el conocimiento del castellano. No hay integración o participación posible en la sociedad si no es a través del idioma y de la comunicación.

Pero el problema de fondo está más allá, en la figura del arraigo social, y es que el Partido Popular, desde que llegara al Gobierno de la nación, ya se está encargando de dejarlo reducido a la mínima expresión para evitar que más inmigrantes accedan a la autorización de residencia después de haber llegado a España de forma irregular.

Aquellos inmigrantes que están solicitando los ‘papeles’ por medio de la figura del arraigo, tal y como permite la ley, se están encontrando con un largo silencio administrativo. El Gobierno de Mariano Rajoy se está limitando a demorar hasta límites insufribles el plazo de respuesta a estas solicitudes, lo que hace que la opción del arraigo social se esté quedando en un imposible para los inmigrantes.

De poco sirve que las comunidades autónomas cumplan con el requisito de elaborar el informe de integración, que quedó en manos de éstas en lugar de en las del Gobierno a propuesta y petición de Cataluña, que vio así la opción de exigir a los inmigrantes el conocimiento del catalán, si luego quien finalmente tiene que conceder los papeles mete esos informes en un oscuro cajón hasta que se pudran.

En este caso estamos hablando de personas, con sus derechos y sus deberes, a los que se les sigue haciendo vivir en una situación de semiclandestinidad por el capricho de políticos a los que les parece que, amparándose en la excusa de la crisis económica, hay quienes no merecen ser considerados ciudadanos.

Tal vez debieran ser ellos los que cursaran el programa ‘Conoce tus leyes’, una iniciativa, por cierto, interesante y por la que han pasado numerosos inmigrantes que han salido, tras un fin de semana de clase, sabiendo un poco más del marco legal y administrativo español gracias a la formación que reciben de abogados de varios bufetes que participan ‘pro bono’.

La aportación de empresas privadas y de la Administración regional permiten que los inmigrantes se acerquen a recursos y herramientas que facilitan su integración. Si eso ayuda a alguien, bienvenido sea, por tanto.

El nuevo Gobierno del PP ha ido definiendo en estos últimos días la estructura de los distintos departamentos ministeriales, marcada por la necesidad de hacer recortes por la coyuntura económica. Como muchos esperábamos, la inmigración ha sido una de las materias que, a priori, puede considerarse como perjudicada, pues ha perdido peso con respecto a los ocho años anteriores de Ejecutivos socialistas.

Si hasta ahora la inmigración estaba integrada en una Secretaría de Estado y hasta daba segundo apellido a un Ministerio, con los ‘populares’ pasa a ser responsabilidad de una Secretaría General dependiente de Empleo.

La inmigración queda, de este modo, relegada a un tercer nivel administrativo. De entrada, es un mensaje preocupante por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, pero habrá que conceder el beneficio de la duda a los responsables gubernamentales.

El resultado final dependerá mucho del talante de la persona a la que se encargue esa Secretaría General, de la que dependerá también la Dirección General de Migraciones.

Rajoy replica de alguna manera la estructura que planteó José María Aznar en su primer Gobierno. Por aquel entonces, la inmigración quedó dentro de la Secretaría General de Asuntos Sociales, de la que se hizo cargo Amalia Gómez.

Gómez hizo un trabajo serio y la gente que tuvo la oportunidad de trabajar con ella sigue alabando aún su tarea.

Al final, lo importante es que quien ostente el nuevo cargo llegue a él con la mente abierta y con voluntad de trabajar para todos. Los tiempos son complicados, pero la inmigración sigue siendo fundamental para España y, por tanto, hay que atenderla con seriedad y, sobre todo, con responsabilidad.

Como poco, habrá que pedirle al nuevo secretario general (a la hora de escribir esta entrada aún no está decidido quién será el elegido) que se convierta en un interlocutor válido para las distintas asociaciones que trabajan en el ámbito de la inmigración, cuya tarea cobra más sentido si cabe en un momento de dificultades como el actual.

Esta simplificación administrativa puede llegar a resultar incluso beneficiosa si se sabe manejar.

En cualquier caso, hay que reconocer que hubiese sido un mensaje positivo que la inmigración hubiera seguido contando con una Secretaría de Estado, aunque es cierto que la estructura que había establecido el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero llegaba a resultar poco práctica.

La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, que primero ocupó Consuelo Rumí y posteriormente una Anna Terrón que aterrizó con ganas de hacer cosas y se topó con la dura realidad burocrática, terminó convirtiéndose en un laberinto en el que había distintos interlocutores que restaban eficacia a cualquier tarea.

Esa Secretaría de Estado contaba con una Dirección General de Inmigración y con una Dirección General de Integración de los Inmigrantes, sin que quedara claro cuáles eran las misiones de cada una de ellas. La primera, en teoría, se encargaba de aspectos más prácticos y la segunda, de la parte teórica, por así decirlo, pues, como fruto visible, de ella salieron los dos planes de integración que suponían una hoja de ruta para el futuro pero que tenían escasa posibilidad de materialización ante los distintos recortes que se fueron haciendo al Fondo de Acogida e Integración.

El caso es que había dos direcciones generales para trabajar las políticas de inmigración que terminaban solapando sus funciones y que despistaban a las entidades sociales, que nunca sabían con exactitud a quién dirigirse.

Habrá que esperar, por tanto, para ir descubriendo qué actitud mantiene el nuevo Gobierno con respecto a la inmigración y desear que se siga apoyando a quienes trabajan en este ámbito.

Acabamos de celebrar el Día Internacional del Migrante y lo hemos hecho con la misma sensación de invisibilidad que se ha adueñado de este fenómeno en el último año. Sin embargo, esta fecha ha sido una buena oportunidad para volver a analizar los retos a los que nos enfrentamos como sociedad y a los que hay que dar respuesta con urgencia, pues aquí no vale con adoptar la estrategia del avestruz, escondiendo la cabeza bajo la tierra para no ver los problemas.

Hay que recordar que en España siguen residiendo unos seis millones de inmigrantes, personas que, como todos los demás ciudadanos de este país, están sufriendo las consecuencias de la crisis económica, con el agravante de que, a diferencia de la población autóctona, no suelen contar con una red familiar que pueda acogerles o resguardarles temporalmente de las inclemencias que estamos viviendo.

Pese a que esté calando la sensación de que los inmigrantes se estén marchando de España, el porcentaje de retornos sigue siendo mínimo. Los inmigrantes se sienten partícipes de este país, son parte de él, y como tales hay que respetarles y atenderles adecuadamente.

Y son parte también de la posible solución a la crisis. De nada sirve con decir que sobran. Su callada aportación contribuyó durante la última década a conducir a este país a sus años de mayor esplendor y, ahora, han de ser incluidos en cualquier proyecto de reconstrucción nacional.

Mariano Rajoy, desde que el Partido Popular ganara las elecciones generales, ha insistido en la necesidad de que todos los ciudadanos arrimen el hombro en este proceso y que en ningún caso va a haber buenos y malos. Desde aquí, reclamamos al nuevo presidente del Gobierno que cuenten también con la aportación de la inmigración y que no la convierta en un fenómeno de usar y tirar.

Hasta ahora, poco se sabe de la política de inmigración que piensa adoptar Rajoy. Sólo ha trascendido el interés del PP de restringir al máximo la figura del arraigo social. Confiemos en que no todo se limite a eso y que, como ha dicho, cuente con todos y, sobre todo, gobierne para todos, incluidos aquéllos que un día decidieron unir su destino al de este país.

Ojalá veamos en esta nueva etapa que ahora comienza una mayor sensibilidad hacia la situación de aquellas personas que están retenidas en los Centros de Internamiento de Extranjeros y que siguen sometidos a todo tipo de arbitrariedades, al no existir un reglamento que regule estos establecimientos y que llevamos esperando ya más de dos años.

Las ONGD están con el agua al cuello y con la mosca detrás de la oreja. La mayoría de ellas aún no han recibido el dinero correspondiente a los proyectos subvencionados para este año 2011, que ya están siendo ejecutados con fondos de su propio bolsillo ante la tardanza de los recursos públicos, y el cambio político no ayuda a revertir esta situación.

Sería de agradecer que los políticos se pudieran manos a la obra con urgencia y solventaran un problema que amenaza con echar por tierra el ingente trabajo que desarrollan las ONG en materia de cooperación internacional.

Por desgracia, los recortes en la ayuda al desarrollo han sido la tónica general en estos últimos años, aun con un Gobierno supuestamente progresista en el poder, como era, y todavía sigue siendo, aunque esté de recogida, el de José Luis Rodríguez Zapatero.

Conviene que recordemos algunos sencillos datos. Por ejemplo, el Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI) para este año, aprobado el pasado mes de marzo por el Consejo de Ministros, contemplaba de más de mil millones de euros con respecto al de 2010.

Para el año que viene existía el compromiso político de situar la renta nacional bruta en el 0,7%, como se establece también en los Objetivos del Milenio. Sin embargo, esa cifra se antoja no ya más cerca que nunca, como debiera ser, sino incluso más lejos que estos últimos años. En 2010 se quedó en el 0,51%, y este año ya no habrá llegado más que al 0,4% Vamos, por tanto, hacia atrás.

Pese a la archifamosa crisis, habría que solicitar a los políticos un compromiso para recuperar con carácter de urgencia un plan de acción que permita recuperar la senda del crecimiento de la ayuda al desarrollo hasta el 0,7%, objetivo aplazado hasta el año 2015.

Y el Estado no es el único que está poniendo en riesgo el futuro de las ONGD y, por tanto, de los proyectos que éstas desarrollan a nivel internacional, porque las comunidades autónomas y los ayuntamientos también las están ahogando con sus retrasos y recortes, que rozan lo inquietante en algunos casos, como en el de la ciudad de Madrid, donde la cooperación al desarrollo ha desaparecido de los presupuestos municipales.

Ante este panorama, las ONGD se preguntan qué les puede esperar con el cambio de Gobierno. Si atendemos al programa electoral con el que el Partido Popular se presentó a las elecciones del pasado 20 de noviembre, de las que salió vencedor por abrumadora mayoría, hay evidentes motivos para que las entidades sociales se preocupen, ya que la mayor parte de las ideas contenidas en ese documento son bastante ambiguas.

Si bien es cierto que el PP dedicaba un punto completo de su programa a esta materia, bajo el epígrafe de “Una cooperación al desarrollo moderna”, sus propuestas resultan poco concluyentes, lo que hace temer que el Ejecutivo que va a presidir Mariano Rajoy preste la mínima atención a este asunto.

Según el programa, el 0,7% del PIB de contribución al desarrollo sigue siendo un objetivo propio de una sociedad avanzada como la española, pero a continuación descarga la responsabilidad en el sector privado, ante la probable poca intención de su Gobierno de destinar recursos para esta materia.

En cualquier caso, habrá que dejar un margen de confianza a Rajoy, aunque sería bueno que una de sus primeras medidas sea poner fin a la incertidumbre que padecen en este momento las ONGD, que necesitan con urgencia que se hagan efectivas las subvenciones de este año.

La falta de esos fondos ha obligado a muchas a endeudarse con entidades bancarias, para poder contar a tiempo con los recursos necesarios para poner en marcha sus proyectos, y lo que está en juego no es sólo la cooperación al desarrollo española, sino miles de puestos de trabajo de profesionales que mantienen vivo el sector social en este país.

Acaba de arrancar la campaña electoral para los comicios generales del próximo 20 de noviembre y llega la hora de escuchar las propuestas de todas las formaciones políticas que aspiran a formar parte del Congreso de los Diputados y, por ende, del Gobierno de la nación. Es el momento de que los políticos transmitan sus proyectos, sus ideas y sus ilusiones a la ciudadanía, que tiene en sus manos decidir el futuro de este país.

Y es la hora de oír propuestas en todas las materias. Es posible que ya salten los habituales personajes partidarios de lo políticamente correcto para pedir que no se utilice la inmigración como arma electoral, si es que alguien sabe qué quiere decir eso. Porque yo sí quiero que en la campaña los políticos hablen de esta materia, que nos cuenten qué planes tienen para atender a los seis millones de personas venidas a España desde otros lugares, que nos expliquen cómo piensan hacer frente a la inmigración irregular, que nos digan qué soluciones piensan proponer para aquéllos que hayan perdido su empleo y tantas otras cosas.

Las propuestas de algunos partidos políticos podrán parecerles a algunos enloquecidas, inhumanas, absurdas o apropiadas, pero eso lo tendrá que decidir cada ciudadano individualmente, y expresarse con su voto en consecuencia.

Habrá quien piense que unas ideas son incendiarias, peligrosas o inconvenientes, pero para otra parte de la ciudadanía serán lógicas, coherentes y aplicables.

Como suele decirse, no siempre llueve a gusto de todos, pero lo importante es que todas las formaciones tengan la oportunidad de lanzar sus mensajes y ser escuchados. Incluso aquéllos que odian a los inmigrantes o que no los quieren en este país. En cualquier caso, la ciudadanía sí debe ser consciente de que las propuestas extremistas nunca nos conducirán a una sociedad más justa y más igualitaria.

Ojalá que los grandes partidos, los que más opciones tienen de estar en el Congreso de los Diputados, dediquen parte de su tiempo en los mítines y actos de campaña a explicarnos cómo piensan gestionar a partir del 21 de noviembre el fenómeno de la inmigración.

Por desgracia, los inmigrantes (salvo los nacionalizados españoles) no tienen derecho a participar en estos comicios, ni siquiera los procedentes de países miembros de la UE. Por tanto, la voz del 15% de la sociedad española no será tenida en cuenta en estas elecciones generales, pero por eso hay que pedirle a los partidos políticos que sean muy responsables con todas estas personas que forman parte de España.

De momento, algunos de los modestos, como Por Un Mundo Más Justo (PUM+J), no han dudado en abrir su campaña con un acto de protesta frente al Congreso de los Diputados con fotos de inmigrantes sin ‘papeles’.

Ojalá que Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE) y Mariano Rajoy (PP) se acuerden de los inmigrantes en el tan esperado cara a cara televisivo del próximo 7 de noviembre y nos expliquen qué quieren hacer con ellos, porque, señores políticos, todos formamos parte de este país y también tendrán que gobernar para ellos.