Hablando de Inmigración

De vez en cuando, desde CIC analizamos el tratamiento que los medios españoles dan a la inmigración, porque nos solemos encontrar con sorpresas desagradables. Estos días nos ha llamado poderosamente la atención la cobertura que se ha dado a un estudio elaborado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería para conocer la opinión de la sociedad española acerca de las medidas adoptadas por el Gobierno, por las cuales limita la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular.

El informe, según lo titula el Departamento de Comunicación del Consejo de Colegios de Enfermería, desvela que “el 71,6% de la población cree necesario que los inmigrantes en situación irregular tengan algún tipo de limitación en el acceso a la sanidad, ya sea en las prestaciones o en el pago”.

En concreto, se trata de una encuesta de opinión titulada ‘Medidas del Gobierno en materia de atención sanitaria a inmigrantes’ que, por desgracia, no está disponible en la página web del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería para su descarga, lo cual es de lamentar. Se trata de un estudio elaborado por la empresa Estudios de Opinión Análisis e Investigación, que ha entrevistado a mil ciudadanos con un margen de error de más/menos un 3,16% para un nivel de confianza del 95,5%, según presumen ellos mismos.

Sería de agradecer que entre esas mil personas encuestadas, un 12% fueran inmigrantes, ya que ellos también forman parte de la sociedad española y tendrán su opinión al respecto, sea a favor o en contra. Sin embargo, en la muestra sólo un 5% eran ciudadanos extranjeros, lo cual ya introduce una desviación en los resultados que debiera ser tenida en cuenta.

El informe revela un amplio conocimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno y que el 63% de los ciudadanos están a favor de ellas. En concreto, la nota del Consejo señala lo siguiente: “La última de las preguntas se ha referido de forma explícita a las medidas que ha adoptado recientemente el Gobierno para limitar las prestaciones sanitarias de los inmigrantes en situación irregular, aquí cabe señalar que el 63% las considera aceptables, teniendo en cuenta la situación económica y la necesidad de reducir el déficit. Por el contrario, el 37% restante piensa que dichas medidas son inaceptables, aún teniendo en cuenta los problemas económicos que atraviesa el país”.

Veamos ahora qué han dicho algunos medios. El País titula: “El 62,6% de los españoles opina que los inmigrantes deben ser atendidos”. En su entradilla, el redactor escribe lo siguiente: “El 62,6% de los españoles está en contra de restringir la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, según una encuesta encargada por el Consejo General de Colegios de Enfermería. Solo el 36,7% está de acuerdo con esta medida, que se ha convertido en una de las más discutidas del paquete de recortes del Gobierno”. ¿Pero no nos decía el Consejo justamente lo contrario?

Otros, como el Deia, se hacen eco de una nota de agencia que también titula que “el 63% de los ciudadanos está en contra de limitar la atención sanitaria”. Sin embargo, en su segundo párrafo indica: “En este sentido, el 91 por ciento ha asegurado estar al tanto de las medidas impulsadas y a un 63 por ciento les parecían ‘aceptables’ teniendo en cuenta la situación económica y la necesidad de reducir déficit en España”.

El mismo día, el ABC titula lo siguiente: “El 71,6% de los españoles cree que debe limitarse la prestación sanitaria a los ‘sin papeles’”, lo cual parece que se ajusta más a la realidad del estudio del Consejo de los Colegios de Enfermería, pero el redactor termina haciéndose un verdadero lío con los datos al señalar lo siguiente: “Al 71,6% que dijo ‘sí’ a las limitaciones, se le preguntó si la atención debía limitarse a las urgencias y temas graves. Un 51,3% dijo estar de acuerdo y un 47,7% dijo que no. Estos números reflejan que hay una situación muy pareja en este aspecto. Además, teniendo en cuenta que se tomó como base un 71,6%, los números son más determinantes: si a los que dicen no a las limitaciones se suma los que piden sanidad gratuita y universal para los irregulares, se obtiene un 62% de la población que dice ‘no’ a la medida”. Si alguien entiende algo, que me lo diga, porque yo no.

Así, después de leer toda la prensa de un mismo día seguimos sin saber con exactitud qué piensa la gente de las medidas que han limitado la atención sanitaria a los inmigrantes. ¡Viva la desinformación!

Definitivamente, vivimos tiempos extraños, de extremada deshumanización, que percibimos en hechos que nos terminan pasando inadvertidos pero que no por ello son menos graves. Estos días, la inmigración ha vuelto a la actualidad por dos motivos que son el más claro ejemplo de que la persona cada vez importa menos. El primero es el de los recortes sanitarios a quienes se encuentran en España en situación de irregularidad administrativa y al que ya nos referimos en un post anterior. Y el segundo ha sido la llegada y posterior expulsión de una embarcación con 83 pasajeros a la deshabitada Isla de Tierra.

El pasado lunes, una patera salida desde las costas de Marruecos desembarcaba en un pedazo de tierra perdido en mitad del Mediterráneo donde no suele haber atisbo de vida humana pero que, administrativamente, pertenece a la soberanía española. Por tanto, quien allí esté merece ser tratado con todas las garantías constitucionales recogidas en nuestra Carta Magna, haya llegado como haya llegado.

Sin embargo, estas personas recibieron un trato dudosamente constitucional, puesto que la Guardia Civil se encargó de acceder al islote para hacerse cargo de ellos para tratar de ponerlos de vuelta al punto desde el que habían llegado, sin respetar los cauces establecidos en la Ley de Extranjería.

Pronto, algunas informaciones apuntaban a que los Gobiernos de España y de Marruecos habían alcanzado un acuerdo para “repartirse” a estos inmigrantes. Unos, los menos, los más vulnerables (ocho menores de edad y dos madres) fueron trasladados a Melilla para que recibieran asistencia sanitaria y los 73 restantes, entregados a las autoridades marroquíes para que los abandone a su suerte en tierra de nadie, como, por desgracia, es habitual en el procedimiento del reino vecino.

Lo normal, lo humano, es que estas personas hubiesen sido rescatadas del islote y trasladadas a algún lugar seguro para proceder, primero, a su revisión médica y a su identificación y, segundo, estudiar si estas personas estaban en situación de riesgo y deseosas de solicitar el asilo político o incoar el correspondiente expediente de expulsión por haber entrado al país por una vía ilegal.

Sólo eso hubiese supuesto rescatar a esas personas, pero en este país empezamos a ver más normal que se rescate a los bancos y no a las personas, que son “repartidas” como si fueran objetos, como si tuviéramos la potestad de comerciar con sus vidas, de negociar y transar con sus existencias.

De nada sirve que, incluso desde el corazón de la UE, pongan colorada a España. La portavoz de la Comisión Europea, Michel Cercone, ha recordado al Gobierno que «se deben respetar los principios y obligaciones del derecho internacional, como el principio de no devolución», que impide las devoluciones masivas sin tener en cuenta las circunstancias individuales y sus opciones al asilo.

Pero el caso es que ya hay 73 personas en mitad del desierto, en medio del mismo infierno del que intentaron escapar, del que quisieron ser rescatadas y terminaron siendo repartidas, como unos naipes.

Este 1 de septiembre entra en vigor el decreto ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud, que restringe la asistencia a los inmigrantes que se encuentren en España en situación irregular, salvo en casos urgentes, mujeres embarazadas y menores de edad, dejando así fuera a unas 150.000 personas, que se encontrarían con la situación de no ser atendidas en los centros de salud, pues se les va a retirar la tarjeta que actualmente les faculta para poder recibir atención en los ambulatorios.

En teoría, el documento del Gobierno contempla que estas personas tendrían que empezar a pagar, a diferencia del resto de la población, por recibir esta atención. En concreto, se trataría de firmar un convenio especial con la Administración, una especie de seguro, por valor de 710 euros anuales. Sin embargo, a menos de 24 horas de la entrada en vigor de esta medida, nada se sabe de qué han de hacer las personas que quieran acogerse a esta opción.

Una vez más, se improvisa y se convierte todo en una gran chapuza en la que los más perjudicados son los ciudadanos, personas que, ya de por sí, por su propia situación de irregularidad, sufren una especial vulnerabilidad.

Me encantaría preguntarle a las autoridades qué han de hacer estas personas a partir del 1 de septiembre, es decir, mañana mismo, si enferman. ¿Acuden al centro de salud? ¿Serán atendidas? ¿Se van directamente a urgencias? ¿Cómo se suscribe el convenio especial? ¿A dónde hay que acudir para firmarlo? ¿Quién informa de algo? Es patética la absoluta falta de información que mantiene el Ministerio de Salud. La responsable gubernamental de esta área, Ana Mato, se ha limitado a decir que “nadie se va a quedar desatendido”. Eso sí, en el caso de los inmigrantes en situación irregular, pagando, claro. Bien, pero ¿cuándo, cómo y donde? Señora ministra, ¿sería tan a amable de responder a estas sencillas preguntas en algún momento?

Como siempre, la ministra termina escurriendo el bulto y cargándole el muerto a las comunidades autónomas, que es de quienes, a la postre, depende la atención sanitaria. Por fortuna, el sentido común ha imperado en algunas regiones,como Andalucía, Canarias, Asturias y País Vasco, que han anunciado ya su intención de no aplicar del decreto gubernamental y seguir atendiendo en igualdad de condiciones a todos los ciudades que residen en este país, con independencia de su situación administrativa, mientras que otras lo aplicarán con particularidades, como Galicia o Cataluña. Se genera así otra situación absurda, pues habrá diferencias en función de dónde se resida, otro capítulo más de la descomposición del sistema en que vive España y que engulle a los ciudadanos, que ven con perplejidad todas estas situaciones.

Lo peor de la actuación cicatera del Gobierno es que no sólo puede afectar a la salud de un colectivo bastante castigado por la crisis económica, como es el de los inmigrantes, sino al conjunto de la sociedad. La medida, basada sólo en criterios mercantiles, y encima interesados (¿por qué sigue mezclando el turismo sanitario protagonizado por ciudadanos europeos con la situación de los inmigrantes? ¿Por qué no se dedica a cobrar la atención a esas personas estableciendo o haciendo efectivos los convenios bilaterales sobre salud?), raya en la inconstitucionalidad.

La propia Organización Mundial de la Salud exige atención primaria, prevención y acceso a la medicación básica para todos, pero, con su medida, el Gobierno puede hurtársela a un buen número de ciudadanos. ¿Es eso constitucional? Tal vez, pero lo que sí está claro es que no es precisamente humanitario. La enésima chapuza nacional.

Mientras el Gobierno y las comunidades autónomas siguen discutiendo sobre las restricciones a la atención sanitaria de los inmigrantes en situación irregular, y con las ONG y los doctores poniendo en marcha campañas para llamar a la objeción (la última de la que tenemos noticia es la de Médicos del Mundo), hay quienes sacan partido de esta situación. Son las compañías aseguradoras, que acaban de encontrar una oportunidad de encontrar nuevos clientes en un momento en que cada céntimo se hace imprescindible.

Algunas asociaciones de inmigrantes informan de que las aseguradoras están empezando a ponerse en contacto con ellas para hacerles llegar ofertas para sus afiliados, con precios más asequibles que los 710 euros anuales que el Real Decreto del pasado 20 de abril contempla que debieran abonar los inmigrantes en situación irregular que deseen ser atendidos en el sistema nacional de salud y coberturas más que similares.

Una vez más se ve que el Gobierno del Partido Popular manda más pensando en el bolsillo de las empresas privadas que en el de los ciudadanos, y en contra del más mínimo sentido común, pues priva de la tarjeta sanitaria a miles de inmigrantes en situación irregular que, a partir del 1 de septiembre, sólo podrán ser atendidos en los servicios de urgencias.

Si la Administración considera que alguien tiene que abonar el coste de los tratamientos de los inmigrantes en situación irregular, que se deje de demagogia  y utilice los medios que tiene a su alcance para cobrar las facturas de esa atención sanitaria, como son los convenios bilaterales con la mayoría de los países de origen.

Incluso dentro del PP ya ha habido voces que se han alzado en este sentido. Un ejemplo de ello es Antonio Basagoiti, presidente del partido en Euskadi, y hace bien en defender esta postura, pues lo contrario no hace sino penalizar a quien menos culpa tiene de esta situación, como es el inmigrante en situación irregular.

Hasta entonces, los inmigrantes tendrán que seguir viviendo como apestados sin los más básicos derechos gracias a un Gobierno que encuentra en la crisis cualquier excusa para ir en contra de quienes durante los últimos años contribuyeron activamente y con su esfuerzo al milagro económico de España.

En los últimos días hemos vuelto a tener un par de ejemplos de cómo se convierte a los inmigrantes en los chivos expiatorios de la crisis económica. Por desgracia, los intentos por culpar a los últimos en llegar de la situación actual calan entre la sociedad, seguramente porque los mensajes proceden de fuentes en teoría fiables, como es el propio Gobierno de la nación. Sin embargo, no forman parte más que de una estrategia bien orquestada, en la que se manipula la realidad al antojo de los intereses políticos. Analicemos sólo un par de muestras.

Juan Rosell, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) -la patronal, vaya-, se quejaba de forma amarga la semana pasada de que haber abierto la puerta a la inmigración cuando la tasa de paro en este país estaba baja está dificultando ahora la recuperación económica. Concretamente, soltaba la siguiente perla: “Hace unos años, en España teníamos un paro del 8% y los empresarios prácticamente no teníamos oportunidades de contratar. Entonces abrimos las puertas y durante una serie de años entraban en España cada año alrededor de 500.000 o 600.000 no nativos. Eso fue un problema y hoy, visto en perspectiva, se ve claramente”. Y se quedó más ancho que largo.

En primer lugar, da la sensación de que el líder de la patronal se piensa que vive en un Estado feudal, en un castillo en el que se abren o se cierran las puertas a criterio de un señor, sin darse cuenta de que vivimos en un mundo globalizado en el que los seres humanos se desplazan en función de sus propios intereses con total libertad, en busca de nuevas oportunidades. Pero lo peor de todo es que las declaraciones de Rosell están basadas en una absoluta incoherencia.

Rosell parece no darse cuenta de que si hace unos años hubo que “abrir las puertas a la inmigración”, como él dice, fue porque el sistema productivo español necesitaba de más mano de obra, de más trabajadores que permitieran mantener el funcionamiento de la maquinaria de producción. A falta de personal nacional, había que traerlo de fuera si queríamos seguir ganando dinero.

La propia patronal de la que él forma parte fue uno de los actores, junto al Gobierno y a los sindicatos, de diseñar y promover mecanismos de llegada de inmigrantes a través de los cauces establecidos por la Ley y pactados en el marco del diálogo social. Si entonces no le parecía mal la llegada de nuevos trabajadores era porque ésta favorecía a los inmigrantes. Pero, además, habrá que recordarle al presidente de la CEOE que los inmigrantes, tal y como mostró la Oficina Económica del Presidente del Gobierno en el año 2006 y otros estudios similares, generaron el 50% del crecimiento del Producto Interior Bruto desde el año 2001.

Sin la aportación de los inmigrantes, España no habría crecido al ritmo que lo hizo los últimos años. Por tanto, decir ahora que abrir la puerta a la inmigración fue un problema esconde una actitud cobarde y mentirosa por parte de quien más se ha beneficiado de ella.

Algo parecido ocurre también con los recortes de la reciente reforma sanitaria llevada a cabo por el Gobierno del Partido Popular, que ha modificado los requisitos de acceso al sistema sanitario, privando a los inmigrantes en situación irregular de la atención primaria, y que ha provocado que incluso la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) haya llamado a la objeción de los médicos para evitar su aplicación.

El Decreto-Ley del Gobierno plantea esta medida con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, como si la atención a estas personas la pusiera en un riesgo evidente. Se deja así sin atender al colectivo que, en términos estadísticos, menor carga supone, ya que la población extranjera es la que menos va al médico y la que menos fármacos consume.

Se condena a los inmigrantes a ser atendidos en los servicios de urgencias, precisamente los más costosos, en otra absurda contradicción por parte de los gobernantes en su afán por lanzar el absurdo mensaje de ‘los españoles primero’.

Incluso la incidencia que tienen los inmigrantes sobre el gasto en los servicios sociales es ínfima en comparación con el resto de la sociedad, ya que no están afectados por las principales partidas presupuestarias de esta área, como son los dependientes y la discapacidad.

Estamos, pues, ante un clamoroso fracaso del modelo de cohesión social en España, que es lo que debiera preocupar a personajes como Juan Rosell o al Gobierno, que está abocando a un sector importante de la población a una situación de necesidad. Es evidente que la principal tarea de las autoridades en este momento es sacar a España de la crisis, pero convendría pensar también en cómo hacerlo y en qué sociedad queremos construir.

Existen muchas creencias populares en torno a la inmigración. Creencias sociales, que a pesar de estas contrastadas con informes serios, siguen siendo fielmente aceptadas por multitud de personas. Creencias que son muy difícil de eliminar, en gran medida porque muchas veces el discurso político y mediático asientan, sin datos, estas creencias. Es el caso, por ejemplo, de que los inmigrantes traen a muchos familiares reagrupados o de que los inmigrantes colapsan los servicios públicos como la sanidad.

En este punto no voy a entrar, que podría, en el derecho que tiene toda persona que paga impuestos en España (aunque sean irregulares pagan impuestos indirectos) a ser atendido por un médico cuando se encuentra mal y que si hay saturación por tanto no es por el número de personas, sino por el bajo número de médicos en los hospitales públicos. Voy a ir más allá, porque a pesar de tener el derecho de utilizar estos servicios, los inmigrantes en su mayoría no los utilizan.

Nos encontramos frente a gente joven, sana, que viene a España a trabajar, y que según las estadísticas no utilizan el sistema sanitario de igual manera que los autóctonos. Y esto es porque en muchos de sus países de origen no existe la “cultura de la prevención”, se va al médico si se está enfermo, mientras que nosotros vamos al médico de una manera más habitual.

Por tanto nos encontramos ante un imaginario social que es totalmente falso y, que aunque conozcamos informes a nivel nacional hechos por entidades serias, no conseguimos desarraigar.